Título de la experiencia
Acciones para propiciar la discusión y aprobación de la propuesta de ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de El Salvador
Cobertura geográfica
Nacional
País(es)/Región(es) incluidos en la experiencia
El Salvador
Su afiliación
Parlamento: Frente Parlamentario contra el Hambre de El Salvador (FPH)
Comisión de Desarrollo Agropecuario de la Asamblea Nacional
¿Cómo se han utilizado las VGRtF en su contexto? ¿Qué directrices específicas de las VGRtF fueron más relevantes para su experiencia?
Las directrices voluntarias han sido usadas desde un comienzo para elaborar el primer ante-proyecto de ley. Se han recibido opiniones técnicas y apoyo conceptual de la FAO, tanto a nivel país como de parte de la oficina subregional en Panamá, la regional ubicada en Chile y de la Sede. Incluso expertos de la FAO han asistido a actividades nacionales para impulsar la propuesta de ley, con base en las directrices voluntarias y la guía para legislar en materia del derecho a la alimentación.
Los principios provistos por las Directrices y aquellas relacionadas con las estrategias nacionales, instituciones y marcos legales, participación de las partes interesadas, gestión pública y financiación han sido de particular importancia en la discusión de la ley. Las directrices que se refieren a cómo abordar la situación de los grupos vulnerables, así como las que se refieren a diferentes áreas de políticas (mercados, inocuidad, acceso a recursos y servicios, educación) también han sido un insumo fundamental para orientar la discusión.
Breve descripción de la experiencia
En 2012, y tras un proceso de construcción y fortalecimiento de la institucionalidad para abordar la situación de inseguridad alimentaria y nutricional en el país, se dio inicio a la elaboración de una propuesta de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional que permitiera su sostenibilidad y orientación a largo plazo. Tras un proceso arduo de consulta, talleres y capacitación en el derecho a la alimentación, y estudiado experiencias de otros países en legislación en esta materia, se logró en un proceso participativo reunir las 12 iniciativas y propuestas existentes (de parlamentarios, sociedad civil, academia y gobierno) y llegar a un documento concertado único para dar inicio al trabajo parlamentario.
La experiencia que se pretende documentar corresponde al trabajo legislativo desarrollado en el periodo 2016-2017 y que ha implicado el estudio del documento legal que se pretende aprobar en la Asamblea Legislativa y que ha incluido trabajo en la comisión legislativa de asuntos agropecuarios, seminarios, talleres de consulta y actividades de promoción del derecho a la alimentación.
La principal estrategia que se ha desarrollado es reforzar la conciencia de parte de los legisladores en relación a la necesidad de transformar el derecho a la alimentación en un derecho reglamentado, ir generando la viabilidad política para que el proyecto sea finalmente aprobado y para que el Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la República, lo promulgue.
Se ha buscado mantener la propuesta de ley en la agenda legislativa, ya que se ha tenido que enfrentar distintos ciclos políticos que han afectado la discusión de la ley, con momentos de mayor preponderancia, periodos de menos actividad y mayor desinterés en la ley. La discusión artículo por artículo ha sido difícil, pero el FPH ha logrado ir avanzando poco a poco en la discusión.
Para ello, se ha intentado aprovechar que el FPH corresponde a una red de parlamentarios de todos los partidos políticos, con una coordinación rotativa, y que por tanto concita apoyo transversal. También se ha aprovechado que la propuesta de ley se está discutiendo en la comisión de asuntos agropecuarios, de la cual varios integrantes del FPH forman parte y vinculando apoyo de otras comisiones a las que otros miembros pertenecen.
Asimismo, se ha logrado mantener un apoyo constante de parte de la FAO al proceso, generado vínculos con otros actores sociales y académicos, para impulsar y mantener la propuesta en la agenda política y legislativa.
¿Quién participó en la experiencia?
Parlamentarios y parlamentarias y sus asesores
Poder Ejecutivo
Organizaciones de la Sociedad Civil
FAO y otros organismos de Naciones Unidas, como UNICEF y el PMA
Cooperación internacional, como la cooperación noruega, mexicana (a través del programa Mesoamérica sin Hambre) y española (a través de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre)
¿Cómo participó la población más afectada por la inseguridad alimentaria y la malnutrición?
Se han hecho visitas de campo y las organizaciones de base han sido convocadas a jornadas de trabajo y de discusión de la propuesta de ley. También ha habido actividades que incluyen a comunicadores, centros escolares, y organizaciones del territorio rural.
Actividades principales
Capacitaciones a parlamentarios y sus asesores
Actividades regionales convocadas por el FPH Regional
Foros y debates nacionales
Trabajo en comisión legislativa
Calendario
Periodos legislativos 2016 y 2017
Resultados obtenidos/esperados a corto plazo, facilitando datos cuantitativos si es posible (estimación del número de personas que se han visto o se verán afectadas)
En el corto plazo, se ha logrado capacitar a alrededor de 20 personas, y se ha vinculado más de 200 personas a través de talleres, debates y foros.
Resultados obtenidos/esperados a medio-largo plazo, facilitando datos cuantitativos si es posible (estimación del número de personas que se han visto o se verán afectadas)
Se ha logrado generar una propuesta de ley que incorpore elementos de proyectos anteriores, es decir un documento de relativo consenso. Se espera impulsar la aprobación de la ley durante el presente o próximo periodo legislativo, lo que beneficiaría a las seis millones trescientas personas que habitan el país y a las 800 mil personas que sufren hambre en el país.
Resultados obtenidos (cambios más significativos)
A pesar de que la ley no ha sido aprobada, se estima que el proceso para impulsar la ley ha permitido un conocimiento y conciencia mayor de parte de los actores políticos sobre el derecho a la alimentación y las perspectivas para su realización progresiva y ha influido en otros procesos de políticas.
¿Cuáles son los agentes catalizadores clave que influyeron en los resultados?
El FPH ha aprovechado el impulso y compromiso de las organizaciones sociales, tal como fue el caso de foro de debate sobre la ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del 26 de julio de 2017, que lo impulsó la sociedad civil y que ayudó a continuar situando a la propuesta de ley en un alto nivel de las agendas legislativas.
¿Cuáles son los principales obstáculos/desafíos para la realización del Derecho a la alimentación?
Hay muchos elementos de consenso en relación a cómo puede lograrse la realización progresiva del derecho a la alimentación en el país, sin embargo algunos pocos temas han generado mayor disenso y obstáculo en la aprobación de la ley, y por tanto pueden poner en riesgo que haya un marco legal que facilite la garantía de este derecho. Entre estos temas controversiales se encuentra la gestión y uso de semillas; el etiquetado de alimentos y la financiación del sistema institucional para la realización del derecho a la alimentación.
Otro riesgo que se observa es el cambio en las prioridades políticas, en marzo de 2018 viene una elección legislativa y por tanto, se hace imprescindible contar con una estrategia para promover con los nuevos integrantes del Poder Legislativo el derecho a la alimentación en el país.
¿Qué mecanismos se han desarrollado para supervisar la realización del Derecho a la alimentación?
Éste ha sido precisamente un tema que se ha discutido profundamente. En la actualidad existen instituciones que deben observar y prevenir la violación del derecho a la alimentación y el resguardo de las obligaciones del Estado para con este derecho (respeto, protección, cumplimiento). La ley también considera una mayor claridad en este esquema institucional.
¿Qué buenas prácticas recomendaría para obtener resultados exitosos?
Trabajar codo a codo con actores que pueden ayudar en mantener en la agenda política y en la agenda pública la necesidad de contar con un marco legal para el derecho a la alimentación. En nuestro caso, la sociedad civil ha sido fundamental. Otra buena práctica es siempre alentar la creación de espacios de diálogo para canalizar disensos y visiones contrapuestas y poder llegar a consensos.
Enlace a información adicional
http://parlamentarioscontraelhambre.org/frentes/nacionales/el-salvador/…;
Diputado Mario Marroquín