Título de la experiencia
Generando acuerdos para la aprobación de la Ley Marco del Derecho Humano a la Alimentación y de la Seguridad Alimentaria y Nutricional – Expediente 20076
Cobertura geográfica
Nacional
País(es)/Región(es) incluidos en la experiencia
Costa Rica
Su afiliación
Parlamento: Frente Parlamentario contra el Hambre de Costa Rica (FPH-CR)
¿Cómo se han utilizado las VGRtF en su contexto? ¿Qué directrices específicas de las VGRtF fueron más relevantes para su experiencia?
Tanto el primer texto del proyecto de ley, como los ajustes integrados en el texto sustitutivo consideran las Directrices como el marco orientador para abordar materias como: sistemas de mercado (directriz 4), instituciones, obligaciones del Estado y marcos legales (directrices 1 , 5 y 7), partes interesadas, participación, educación y sensibilización (directrices 6 y 11), acceso a recursos y servicios y sostenibilidad (directriz 8) Inocuidad, protección al consumidor y nutrición (directrices 9 y 10), protección social (directrices 13 y 14) y sistemas de seguimiento (directriz 17). La constante relación y apoyo técnico de la FAO en Costa Rica, el Programa Mesoamérica sin Hambre y del Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, que funge como secretaría técnica del Frente Parlamentario contra el Hambre a nivel regional han coadyuvado en el desarrollo en el marco jurídico sobre el Derecho Humano a la alimentación. Tanto el aprovechamiento de espacios políticos oportunos, como el Encuentro Mesoamericano del Frente Parlamentario contra el Hambre para impulsar el proyecto de ley y apoyar su discusión, tras su introducción en la Asamblea Legislativa, han sido ideales para el avance de la Iniciativa, expediente 20.076. Máxime cuando la discusión del proyecto incluye diferencias de opinión, ideologías y perspectivas sobre lo que este marco legal debiera abordar y regular. Por ello, a inicio del 2017, se efectúa un proceso de discusión y adecuación de la iniciativa de ley que pretendía la inclusión de recomendaciones al texto legal originalmente presentado para con esto lograr su fortalecimiento, así como mayor comprensión y viabilidad política de los temas incluidos en la iniciativa de ley para su aprobación. Este proceso también ha contado con el apoyo conceptual que las Directrices otorgan, permitiendo concentrar la discusión en las materias técnicas, reduciendo las controversias ideológicas y dándole un sustento conceptual a la discusión. En definitiva, las Directrices señaladas anteriormente, han sido cruciales para continuar el proceso de discusión y buscar consensos en el seno de la Asamblea Legislativa, en el Poder Ejecutivo, además con actores de la sociedad civil e de la institucionalidad nacional, interesados en el proyecto de ley 20.076.
Breve descripción de la experiencia
El Proyecto de ley presentado ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en su génesis contó con el respaldo de diversos actores, pertenecientes a la academia, ministerios, instituciones autónomas, asamblea legislativa, municipalidades y grupos organizados. En consecuencia, la propuesta de ley es el resultado del trabajo participativo. Tras la presentación de la iniciativa de ley en el Parlamento, al considerar su gran incidencia en diversos ámbitos de la vida nacional, como: la industria alimentaria, la producción alimentaria, indicadores en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la organización de la administración pública, el sistema de justicia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, entre otros; el proyecto genera discrepancias entre algunos sectores relacionados con el tema y en estos divisiones internas, las cuales lejos de alarmar a los parlamentarios y a las parlamentarias que lideran el impulso de esta iniciativa, esta situación se entendió como oportunidad de debatir, de conversar, de integrar en este dialogo aún más a la opinión de la población costarricense, siendo esto, además, un asunto usual en el contexto democrático, necesario para su fortalecimiento, de lo cual Costa Rica es garante y ejemplo mundial. Es así como el FPH-CR, inicia un proceso de consultas desde el año 2016, en el contexto del trabajo legislativo de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y de Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa, en la figura del expediente 20076, comisión presidida por la coordinadora subregional del FPH para Mesoamérica y de la cual también es miembro el Legislador Javier Francisco Cambronero Arguedas.
Con el ingreso a la Comisión Legislativa de las respuestas tras las consultas efectuadas, se retoman las sugerencias ofrecidas en el seno legislativo para elaborar un informe de subcomisión, liderado por el diputado Javier Cambronero Arguedas, como resultado de nueve (9) sesiones de trabajo. Dicho informe ha sido apoyado y aprobado de manera unánime por la Comisión Legislativa, el pasado mes de setiembre. Empero, queda ahora consensuar la votación del texto sustitutivo construido por la subcomisión para el Proyecto de Ley aquí en cuestión, con la mirada puesta en la necesidad que permanezca, el espíritu de la propuesta inicial, en el entendido de buscar los mayores consensos posibles para atender la realización progresiva del derecho humano a la alimentación, así como los mecanismos que permitan su justiciabilidad, una mayor participación ciudadana, así como mecanismos que permitan una mayor articulación interinstitucional, para el control de la eficiencia y la eficacia de la inversión pública en materia San, y desde luego sus impactos en la población costarricense.
Actualmente, el sector agroindustrial muestra disconformidad con la iniciativa de ley, por lo que se ha procedido a partir del 2 de octubre de 2017, con el apoyo de un negociador independiente que tiene como función conciliar las posiciones opuestas a la iniciativa de ley, manifestadas por cámaras del sector privado, pero también, entorno a posiciones del Poder Ejecutivo, la academia, Municipalidades y desde luego la sociedad civil, en el ejercicio para lograr un consenso más amplio y hacer viable la aprobación de este marco legal.
En consecuencia, la experiencia que se presenta aún está en proceso, ya que el negociador se encuentra actualmente generando diálogos por separados con cada uno de los sectores y actores clave con el propósito de consensuar un texto sustitutivo que pueda continuar su curso en la Asamblea Nacional, hasta lograr su aprobación.
¿Quién participó en la experiencia?
La experiencia ha sido liderada por el Poder Legislativo a través de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y el Frente Parlamentario contra el Hambre, sin embargo, resulta innegable el esfuerzo de todos los sectores que desde un inicio construyeron el proyecto de ley, en el entendido de la necesidad de acuerdos, por lo que se incluye al Gobierno, la sociedad civil, la academia, municipalidades, grupos organizados y el sector privado. Además, la FAO ha estado permanentemente brindando apoyo técnico, aunado al apoyo de otras instancias internacionales.
¿Cómo participó la población más afectada por la inseguridad alimentaria y la malnutrición?
Organizaciones de la sociedad civil, que de alguna manera representan los sectores más afectados por la inseguridad alimentaria y nutricional, o bien, que se encuentran en el ámbito de la SAN. Estas OSC han estado activamente participando, con lo cual, se ha potenciado y articulado vínculos con el sector rural y pequeños productores, canalizados además en el trabajo de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales.
Actividades principales
Trabajo en comisión y en subcomisión, trabajo del equipo redactor de la iniciativa de ley, foros, reuniones bilaterales y sesiones con el mediador.
Calendario
Inicia en setiembre de 2015, con las sesiones de trabajo para la elaboración del texto de iniciativa de ley, continua en agosto 2016, con la presentación de la propuesta de ley en la Asamblea Legislativa y continua en el 2017, actualmente con el consenso para la aprobación de un texto sustitutivo.
Resultados obtenidos/esperados a corto plazo, facilitando datos cuantitativos si es posible (estimación del número de personas que se han visto o se verán afectadas)
En el proceso han participado cientos de personas, a través de foros, talleres y reuniones en el contexto de la comisión y de la subcomisión legislativa y del FPH-CR, se estima que alrededor de 300 personas han estado presentes directamente en el proceso, en donde se ha realizado un análisis completo de la institucionalidad, de las leyes que el país ostenta en materia SAN y de sus programas, lo que ha permitido un mejor conocimiento de la necesidad de un sistema SAN que fortalezca a todo lo existente.
Resultados obtenidos/esperados a medio-largo plazo, facilitando datos cuantitativos si es posible (estimación del número de personas que se han visto o se verán afectadas)
Con la aprobación del expediente N.º 20.076, el impacto afectará a toda la población costarricense, calculada en unos 4.8 millones de personas. Por tal razón, los esfuerzos que se desarrollan giran en torno a que a mediano plazo se logre un texto consensuado, susceptible a ser aprobado por la Comisión, recuérdese que ya el informe de subcomisión ha sido aprobado de manera unánime, y la Asamblea, para que incorpore los temas claves que se requieren con el objetivo de garantizar la realización progresiva del derecho humano a la alimentación en el Costa Rica.
Resultados obtenidos (cambios más significativos)
Inicialmente, el materializar un inventario de la legislación costarricense y los proyectos que tienen correlación con la SAN. En este sentido, se detectan cerca de 60 leyes y más de 100 programas con lo que el Estado Costarricense atiende a la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Por otra parte, el diálogo entre los sectores, la comprensión de la realidad costarricense, y desde luego, los espacios para el debate y el análisis de la propuesta, con la mirada puesta en el uso que se hace de los fondos públicos, con el objetivo que estos sean utilizados de manera más eficaz y eficiente, cuantificando su impacto real, pero a la vez direccionando estas inversiones de manera que incidan realmente en la población que más lo necesita. Finalmente, no se omite que la presentación del informe de subcomisión en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales se vislumbra como un resultado importante, ya que acerca a las partes en la construcción de una propuesta más robusta, a pesar de los embates del sector privado representado en sus cámaras quienes buscar el archivo del expediente 20.076.
¿Cuáles son los agentes catalizadores clave que influyeron en los resultados?
El más importante un grupo de parlamentarios de distintos sectores políticos, quienes trabajan en conjunto para impulsar un objetivo en común, con vínculos estratégicos con actores sociales. Por otra parte, el Poder Ejecutivo, el cual ha respaldo la iniciativa de ley, en las figuras de ministros y viceministros quienes sean integrado en los procesos asociados con la propuesta de ley, desde luego la Presidencia de la República, la cual ha apoyado la convocatoria de la iniciativa aquí en cuestión. Se suma la academia, quienes con sus aportes han coadyuvado en la construcción del proyecto de ley 20.076 y desde luego la FAO, quien, de manera neutra, ha brindado el apoyo técnico, tanto en el proceso de génesis de la iniciativa, así como en el avance de la propuesta de ley aquí en cuestión.
¿Cuáles son los principales obstáculos/desafíos para la realización del Derecho a la alimentación?
El mayor desafío corresponde a la falta de articulación interinstitucional, producto del obstáculo manifiesto en la ausencia de una regulación moderna, útil y de consenso entre los distintos actores, lo cual hace visible que las atenciones a la población no obtiene los resultados esperados, además que estos no pueden ser cuantificados para determinar su real impacto, a pesar de los esfuerzos que se desarrollan y de los recursos que se disponen para la atención de lo que contempla la SAN y el Derecho Humano a la Alimentación.
¿Qué mecanismos se han desarrollado para supervisar la realización del Derecho a la alimentación?
Trabajar con la academia, organismos internacionales especialistas y con la institucionalidad pública, sin dejar de lado el criterio de la población y sus grupos organizados, quienes al final de cuestas son los receptores de los esfuerzos que las diversas instancias y sectores realizan a nivel nacional, con lo cual se mantiene una observación constante de la situación del derecho a la alimentación en el país.
¿Qué buenas prácticas recomendaría para obtener resultados exitosos?
La articulación interinstitucional, como mecanismo para la puesta en marcha de acciones que realmente impacte en los puntos focales que merecen de atención. Así como mantener el trabajo constante para la búsqueda de acuerdos éntrelos diversos sectores relacionados con la SAN y el DHA. El enfrentar muchos desafíos institucionales, a pesar de que el tiempo transcurra sin aparentes grandes avances, no debe desalentar, sino más bien retomar esta condición como una oportunidad para la mejora tanto institucional, como de los diversos sectores que se relacionan bajo la sombra de la SAN y el DHA. Buscar consensos, discutir y debatir con los distintos actores sin prejuicios ni condiciones previas son elementos esenciales en este tipo de contextos.
Enlace a información adicional
http://parlamentarioscontraelhambre.org/frentes/nacionales/costa-rica/
Diputado Javier Cambronero Arguedas