La protección social, esto es, las políticas y programas concebidos para reducir y prevenir la pobreza y la vulnerabilidad, constituye un derecho humano y un compromiso en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Es un instrumento de políticas eficaz para abordar crisis como el cambio climático y los conflictos, así como sus vínculos con la pobreza, el hambre y la desigualdad. En la actualidad, muchas personas tienen acceso a la protección social, pero muchas otras todavía no. Esto resulta especialmente preocupante en las zonas rurales, donde muchas personas pobres y vulnerables apenas tienen acceso a los servicios financieros y sociales y el empleo informal es una práctica generalizada. Estos hogares pobres y vulnerables del medio rural afrontan enormes dificultades para aprovechar oportunidades económicas como, por ejemplo, las que ofrecen los sistemas agroalimentarios.

Si la población rural carece de acceso a una protección social adecuada e integral, corre el riesgo de quedarse atrás, obstaculizando el logro de avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad.