Capítulo 10
RECURSOS HUMANOS Y AGRICULTURA EN LOS PAISES EN DESARROLLO

10.1. INTRODUCCION

Cada vez se comprueba y reconoce más que el factor decisivo para el desarrollo no es tanto la disponibilidad de recursos naturales y bienes de capital como la capacidad de las personas de transformarse en agentes económicos eficaces y productivos, es decir el capital humano. En el caso particular de la agricultura, la mayoría de los estudios efectuados sobre este tema indican que la educación y los conocimientos de los agricultores son factores determinantes que, junto con otros factores más conocidos como la disponibilidad de tierra, recursos hídricos, insumos, crédito, etc., explican las diferencias entre los resultados obtenidos en las distintas explotaciones y en los distintos países.

Habida cuenta del crecimiento demográfico se prevé el mantenimiento de unas tasas de crecimiento positivas (aunque en disminución) de la población economicamente activa en la agricultura en los países en desarrollo así como el aumento de la proporción de los jóvenes en ella. La escasez de recursos naturales limita considerablemente las posibilidades de aumentar la producción a través de la expansión de la agricultura extensiva. Es imperativo crear y difundir capacidades tecnológicas y de gestión para practicar una agricultura más intensiva y modernizada dotada de los servicios de apoyo pertinentes. Para ello es imprescindible mejorar la calidad de los recursos humanos en la agricultura. La tarea de mejorar la alfabetización, los conocimientos y otras capacidades de la población agrícola es enorme ya que han de resolverse los problemas pendientes y atender al mismo tiempo las necesidades de un mayor número de personas.

Cabe notar que muchos aspectos del desarrollo de los recursos humanos representan de por sí objetivos fundamentales del desarrollo, como es el caso de la alfabetización, el mejoramiento de la salud y la nutrición, etc. Si bien el presente capítulo se ocupa de las políticas orientadas a mejorar la capacidad de las personas para transformarse en agentes económicos más productivos y eficaces, no conviene perder de vista la necesidad de lograr progresos en materia de alfabetización, salud, nutrición, etc., como objetivos que se justifican por sí mismos. Esto es importante porque supone que al evaluar los resultados de las inversiones en estas esferas debe tomarse en cuenta el valor de las mejoras en materia de alfabetización, etc., ya que aumentan el bienestar de las personas en forma directa y no sólo indirectamente por el incremento de su productividad económica. Estas consideraciones incidirán, sin duda, en los criterios que se apliquen para adoptar decisiones relativas a la asignación de unos recursos limitados y, por ejemplo, dar prioridad a la educación básica frente a la capacitación agrícola orientada más directamente al aumento de la productividad.

Por razones prácticas, en el presente capítulo no se examinan todas las variables de cuya evolución dependen los resultados que se obtengan en materia de desarrollo de los recursos humanos; en particular, no se abordan aspectos relativos a la salud, la higiene y la nutrición (en el Capítulo 9 se examinan diversas medidas de política destinadas a mejorar la nutrición). El capítulo se concentra en las medidas destinadas directamente a mejorar la capacidad productiva de las personas que viven de la agricultura. En la Sección 10.2 se indica la magnitud de la población destinataria de esas medidas, tanto en la actualidad como en el futuro (la población económicamente activa en la agricultura). La Sección 10.3 se concentra en la educación básica y la agricultura. En la Sección 10.4 se examinan diversas políticas y medidas destinadas a difundir, mediante servicios de extensión, conocimientos técnicos y de gestión entre las personas que trabajan en la agricultura. En ambas secciones se exponen y analizan los antecedentes históricos y la situación actual antes de abordar las necesidades y la evolución probable en el futuro. En la Sección 10.5 se destaca la importancia de la enseñanza técnica y profesional en la agricultura tanto para el desarrollo de los recursos humanos como para el desarrollo en general.

10.2. MAGNITUD DE LA TAREA

A título preliminar cabe observar que, probablemente, la población económicamente activa en la agricultura de los países en desarrollo, que actualmente representa algo más de mil millones de personas, continuará aumentando aproximadamente un 13 por ciento en los próximos 20 años (Cuadro 10.1). La tasa de crecimiento anual, que en los últimos 20 años se situó en el 1,2 por ciento, descenderá al 0,6 por ciento en los próximos dos decenios; en realidad, la población económicamente activa en las regiones de América Latina y el Caribe y el Asia oriental alcanzará próximamente su nivel máximo. Sin embargo, no es probable que suceda algo similar en las dos regiones que tienen una mayor proporción de población dedicada a la agricultura y en las que más incide la pobreza rural (Africa subsahariana y Asia meridional). Esto significa que en el año 2010 el 60 por ciento de la mano de obra de esas dos subregiones aún dependerá fundamentalmente de la agricultura como fuente de empleo e ingresos. Esta situación contrasta con la probable evolución en las regiones de América Latina y el Caribe y Cercano Oriente/Africa del Norte que, al parecer, están evolucionando hacia un tipo de dependencia de la mano de obra respecto de la agricultura más similar a la que existe en Europa meridional.

Por supuesto, las actividades de desarrollo de los recursos humanos deben abarcar a toda la población rural y no sólo a la parte económicamente activa. En particular, las actividades en materia de alfabetización, salud y nutrición deben llegar a las personas mucho antes de su incorporación a la población activa. Para apreciar la magnitud de la tarea basta con examinar unas pocas variables pertinentes. En primer lugar, las cifras que figuran en el Cuadro 10.1 deben multiplicarse por un factor de 2,2 para el conjunto de los países en desarrollo a fin de obtener estimaciones sobre la población agrícola total (en el caso del Asia oriental se aplica un factor más bajo mientras que para el Cercano Oriente/Norte de Africa el factor que se aplica es mucho más alto). En segundo lugar, dada la estructura de edad de la población rural, aproximadamente el 13 por ciento del total (unos 350 millones de personas) pertenecen al grupo de edad entre 15 y 24 años, que en los programas de desarrollo de los recursos humanos se refieren comúnmente como jóvenes. El número de personas pertenecientes a ese grupo de edad aumentará hasta 400 millones en el futuro. En realidad, desde el punto de vista de la prestación de servicios de educación básica, estas estimaciones deberán multiplicarse por un factor superior a 2 para abarcar a los niños pertenecientes al grupo de edad de entre 6 y 15 años. Por último, la proporción de mujeres en la población económicamente activa en la agricultura es de aproximadamente el 30 por ciento en el conjunto de los países en desarrollo pero existen amplias variaciones regionales, por ejemplo, representan el 56 por ciento en el Africa subsahariana, el 37 por ciento en el Cercano Oriente/Norte de Africa y el 31 por ciento en Asia, pero sólo del 12 por ciento en América Latina. Sin duda los datos relativos a la mujer son muy importantes para encuadrar las actividades de desarrollo de los recursos humanos en las zonas rurales habida cuenta del creciente reconocimiento en la formulación de políticas de la función que ésta desempeña en el desarrollo así como de que en el pasado las políticas de desarrollo de los recursos humanos tendían a favorecer más al hombre que a la mujer.

Cuadro 10.1
Población económicamente activa (PEA) en la agricultura¹

(millones)

¹ Estas cifras, en particular las proyecciones, deben interpretarse como datos indicativos de órdenes de magnitud amplios. En la medida de lo posible, son datos normalizados para permitir la comparación entre los distintos países y regiones; no siempre coinciden con los datos procedentes de encuestas sobre mano de obra. Para un examen de ésto, véase FAO (1986). Los datos por países se indican en el Apéndice Estadístico. Estas estimaciones se basan en los datos históricos hasta comienzos del decenio de 1980 incluidas en las estadísticas internacionalmente comparables elaboradas por la OIT. Actualmente, la OIT está preparando una actualización de estos datos.

10.3. EDUCACION BASICA Y AGRICULTURA

La educación básica, conocida habitualmente como alfabetización y educación en aritmética, representa el aspecto más importante de las actividades de desarrollo de los recursos humanos, no sólo por ser un derecho universal de la persona sino también porque constituye la base de cualquier otra iniciativa de desarrollo de los recursos humanos en la agricultura encaminada a mejorar la producción agrícola y, por ende, a incrementar los ingresos y el bienestar. Mediante la educación básica puede mejorarse considerablemente la eficacia de la labor de capacitación y extensión agrícola que, a su vez, inciden de la siguiente manera en la producción agrícola: a) mejoran la productividad de los factores de producción, incluida la mano de obra; b) reducen los costos de adquisición y utilización de datos sobre tecnologías de producción que pueden aumentar la productividad, y c) fomentan el espíritu de empresa y la capacidad de transformar las condiciones del mercado y adaptarse a la evolución tecnológica (Schultz, 1988). La relación entre la educación y el desarrollo agrícola es de doble filo ya que los dos se refuerzan mutuamente, con la demanda de escolarización que crece en medida que los ingresos rurales aumentan.

Un análisis de 37 conjuntos de datos sobre explotaciones agrícolas de países en desarrollo indicó que la productividad de los agricultores que habían completado cuatro años de enseñanza primaria era, en promedio, 8,7 por ciento más alta (Jamison y Lau, 1982). Los mismos autores estimaron, sobre la base de diversas hipótesis, que la rentabilidad social de las inversiones en educación rural era del 7 al 11 por ciento en la República de Corea, del 25 al 40 por ciento en Malasia y del 14 al 25 por ciento en Tailandia. Un examen reciente de las investigaciones correspondientes a los países asiáticos llega a conclusiones similares (Tilak, 1993). Sin embargo, la mayoría de los estudios en gran escala sobre tasas de rentabilidad de las inversiones en los diferentes niveles de educación se han efectuado sobre la base de datos nacionales. En el Cuadro 10.2 se resumen los resultados de estos estudios. En todas las regiones sobre las que se disponía de información las tasas de rentabilidad más altas correspondían a las inversiones en enseñanza primaria. Puesto que las tasas de rentabilidad de la inversión pública en la mayoría de los otros sectores son en general muy inferiores a las que figuran en el Cuadro 10.2, existen presunciones razonables sobre la conveniencia de fortalecer las inversiones públicas en educación, incluida la reasignación de fondos del presupuesto general de educatión en favor de la enseñanza primaria. Pero el énfasis que se debe dar a los diferentes niveles de educación varía en distintos países y períodos dependiendo del nivel tecnológico que tenga la agricultura respectiva. Más alto es dicho nivel (uso de variedades modernas, productos químicos agrícolas, riego, etc.), más elevado el nivel de educación que se necesita, lo cual también debe orientarse crecientemente hacia el aprovechamiento sostenible de los recursos, asuntos de nutrición, salud, etc.

¹ Estas tasas de rentabilidad se basan en asociaciones estadísticas entre los ingresos obtenidos en el mercado y el nivel de escolarización de los individuos; por consiguiente, no abarcan otros beneficios posibles tales como los efectos de la educación en la productividad del tiempo de trabajo no remunerado, por ejemplo el que los agricultores dedican al cultivo para consumo propio y el que dedica la mujer a la producción doméstica; tampoco se toman en cuenta los efectos de la educación en la situación de la mortalidad infantil y la fecundidad de las mujeres, etc. La rentabilidad privada consiste fundamentalmente en la tasa interna de rentabilidad de las inversiones de los individuos en su propia educación. Estas inversiones comprenden tanto los costos explícitos de la educación (matrículas, uniformes y libros, etc.) como sus costos implícitos (costos de oportunidad del tiempo invertido). Al calcular los rendimientos sociales se toman en cuenta todos los costos de educación, incluidas las subvenciones del sector público. La tasa de rentabilidad social es inferior porque los mismos beneficios (ingresos adicionales de las personas que reciben educación) se comparan con los costos totales del suministro de educación y no sólo con los que sufragan los interesados. En este caso, el término “social” puede resultar engañoso porque no comprende los beneficios de la educación de una persona que benefician a otras personas y a la sociedad en general (externalidades positivas).

Fuente: Schultz (1988:575).

La participación del gasto público en educación en el PNB de los países en desarrollo aumentó del 2,9 por ciento en 1970 al 4,1 por ciento en 1988 (UNESCO, 1991). No obstante, el incremento no ha sido uniforme en todas las regiones; por ejemplo, en el Africa subsahariana y América Latina y el Caribe se registraron retrocesos en el decenio de 1980. Las mejoras tampoco han sido notables en los países menos adelantados, donde el cálculo del gasto real en educación debe ajustarse en función del crecimiento demográfico. A pesar de que el gasto en educación se ha reducido en algunas regiones, los índices de matriculación han aumentado de manera consistente en todas las regiones, como indican los aumentos en el número de años de matriculación previstos.¹

1 Basado en datos contenidos en el Informe sobre el Desarrollo Mundial - 1984, Schultz estimó que en el período comprendido entre 1960 y 1981 los años de matriculación previstos en los países de bajo ingreso habían aumentado de 6 a 8 y que en los países de ingreso medio el incremento había sido mayor. La aparente “paradoja” de un aumento de las matriculaciones junto con una reducción del gasto público en los países de bajo ingreso se explica por lo siguiente: 1) un deterioro de la calidad de la instrucción impartida al alumno; 2) una reducción de los costos unitarios de producción de servicios educativos de calidad constante con respecto al nivel general de precios; o 3) la existencia de errores en los datos subyacentes (Schultz, 1988: 552–557). No obstante, cabe señalar que los datos relativos al decenio de 1980 indican retrocesos temporales también en la matriculación en la mayoría de las regiones.

Sin embargo, una amplia proporción de la población rural adulta de ambos sexos en muchas regiones en desarrollo sigue siendo analfabeta (Figura 10.1). Además de los factores ya señalados, es posible que la asignación inadecuada de recursos públicos en el sector de la educación, la duración relativamente larga de la formación de maestros y los costos unitarios relativamente altos de la prestación de servicios educativos en las zonas rurales también hayan contribuido a mantener altas las tasas de analfabetismo entre los adultos. Para apreciar la importancia del primero de esos factores, debe tenerse en cuenta que, a pesar del nivel relativamente más bajo de las tasas de rentabilidad de las inversiones sociales en educación superior, “el grupo de los países en desarrollo gasta más de 25 veces más por alumno para el 7 por ciento de la población en edad escolar matriculada en la enseñanza superior que para el 75 por ciento que está en la enseñanza primaria” (FAO, 1991e). Además, puesto que el propio sistema educativo produce su “insumo” principal, su ritmo de expansión depende de la capacidad de producir maestros. Por consiguiente, en las etapas iniciales del establecimiento del sistema educativo la expansión de los servicios educativos puede ser lenta y costosa. Estos problemas se agravan porque la población rural suele estar más dispersa que la urbana y eso también incrementa los costos unitarios de la prestación de servicios educativos en las zonas rurales.

La situación del acceso de la mujer rural a la educación merece atención especial. La importancia del trabajo femenino en las labores de siembra, cultivo, escarda, cosecha y elaboración de los alimentos así como en la alimentación de la familia y la crianza de los hijos, indican con claridad la urgente necesidad de mejorar el acceso de la mujer a los servicios educativos. A pesar del incremento de los índices de matriculación de las mujeres, que está en consonancia con los aumentos generales ya mencionados, “en el grupo de países de ingreso bajo y mediano seguía habiendo tan sólo 81 mujeres por cada 100 hombres en la escuela primaria y 75 mujeres por cada 100 hombres en la secundaria en 1987. En el Africa subsahariana había tan sólo 77 y 59 mujeres por cada 100 hombres en la escuela primaria y secundaria, respectivamente, y el menor número relativo de mujeres escolarizadas se debe a que éstas se matriculan menos y tienen un mayor índice de deserción escolar” (FAO, 1991e). En realidad, estas desigualdades son aún mayores en las zonas rurales.

Fig. 10.1 Tasas de analfabetismo rural.
Fuente: datos compilados del Anuario Estadístico de la Unesco, 1992, Paris, para los países sobre los que se dispone de datos; éstos no siempre corresponden al mismo año para cada país.

La desigualdad en los índices de matriculación (y en los resultados de la enseñanza) entre uno y otro sexo obedece a razones tanto culturales como económicas. La tradición impone a menudo una preocupación especial por la intimidad y la reputación social de las mujeres. En culturas que practican el aislamiento de la mujer esa tradición incide bastante en la matriculación de las niñas a partir de la pubertad. Por esa razón los padres sólo las envían a la escuela si ésta se encuentra cerca de la casa, si existe una supervisión adecuada y si la enseñanza es impartida por maestras. Cuando los propios padres no han recibido educación, son más renuentes a enfrentarse con la tradición enviando a sus hijas a la escuela. Las limitaciones basadas en la tradición suelen ser mucho mayores en las zonas rurales.

Entre las razones económicas de esa desigualdad, los altos costos de oportunidad de la escolarización de las niñas inciden considerablemente en las decisiones de las familias. Estos costos abarcan el tiempo que las niñas dedicarían a las labores domésticas, los ingresos que percibirían y - al tratarse de niñas - los ingresos que percibirían las madres. Probablemente, esos costos de oportunidad también son mayores en el caso de las familias pobres de las zonas rurales ya que las niñas tienden a contribuir más que los varones al bienestar familiar.

10.4. EXTENSION AGRICOLA Y CAPACITACION

La extensión agrícola “ayuda a la población rural, mediante procedimientos educativos, a mejorar los métodos y técnicas agrícolas, aumentar la productividad y los ingresos, mejorar su nivel de vida y elevar las normas educativas y sociales de la vida rural” (FAO, 1984a). Los servicios de extensión agrícola organizados con apoyo público en beneficio de la población rural son una innovación del siglo XX. Por ejemplo, los Estados Unidos establecieron su Servicio de Extensión Cooperativa solamente en 1914.

En los últimos años se ha difundido este tipo de innovación en materia de desarrollo de recursos humanos para la agricultura. Sólo el 10 por ciento de las 198 organizaciones de extensión de 115 países que presentaron informes a la FAO en 1989 se habían creado antes de 1920, mientras que el 50 por ciento se habían creado después de 1970 (Swanson et al., 1990). La utilización creciente de los sistemas de extensión organizados en los países en desarrollo indica que se ha comprendido su importancia para el desarrollo agrícola así como se refleja en las altas tasas de rentabilidad experimentadas por los países que han suministrado servicios de extensión apropiados. Por ejemplo, en un estudio se informa de que en los Estados Unidos a un aumento de 1 000 dólares en gastos de extensión correspondía un incremento de 2 173 dólares en la producción agrícola al cabo de dos años (Evenson, 1982b). Estudios comparativos de varios países confirmaron las hipótesis iniciales sobre el nivel relativamente alto del rendimiento económico de las inversiones en extensión agrícola (Evenson, 1982b; Evenson y Kislev, 1975; Feder, Lau y Slade, 1985). Más recientemente, se han realizado estudios sobre la incidencia de la extensión agrícola en el incremento de la productividad. A este respecto, cabe mencionar un informe sobre el apoyo que presta el Banco Mundial a servicios de extensión agrícola en 22 países del Africa subsahariana. En un estudio correspondiente a 1989-90 se indica que durante el primer año los rendimientos registraron un'aumento medio del 40 por ciento (Banco Mundial, 1992b).

Los resultados de la reciente Consulta Mundial sobre Extensión Agraria realizada por la FAO indican que la tasa de rendimiento de las inversiones en extensión puede depender de diversos factores, como el valor económico de la producción agrícola (en el caso de los productores de cultivos comerciales y de exportación se obtienen tasas de rentabilidad más altas que en el sector de los cultivos alimenticios), el entorno económico general (la rentabilidad de las inversiones en extensión es menor en los países de bajo ingreso), o el tipo de servicios de extensión que se presta (los sistemas que abarcan a un mayor número de agricultores permiten obtener rendimientos más altos y reducir los costos por agricultor) (Contado, 1990). Desde un punto de vista más general, se reconoce que un sistema de extensión efectivo no puede considerarse en forma aislada y que “necesita un entorno propicio que incluya un empeño a largo plazo en favor del desarrollo agrícola, manifestado en la prestación de servicios de apoyo agrícola adecuados -uno de los cuales sería la extensión- y en la adopción de políticas macroeconómicas que, como mínimo, no sean perjudiciales para la agricultura” (Hayward, 1990).

Alcance de las actividades de extensión en el mundo

Los servicios de extensión agrícola se han incrementado en todo el mundo durante los últimos tres decenios. Hacia 1959 existían unos 68 servicios de extensión organizados que contaban con 180 000 agentes. Hacia 1980, los servicios ya eran unos 150 y la dotación total de personal ascendía a 350 000 agentes (Evenson, 1982a). En 1989 el número de extensionistas se estimaba aproximadamente en 600 000, casi dos tercios de los cuales trabajaban en países en desarrollo. Por ejemplo un país menos adelantado como Mozambique, trás el establecimiento en 1986 de un servicio de extensión nacional con la asistencia del PNUD y la FAO, contaba en 1989 con 350 extensionistas de nivel técnico y profesional. Los datos recogidos para la Consulta Mundial de la FAO indican que en los 98 países sobre los que se disponía de datos los gastos de extensión agrícola equivalían a unos 4 600 millones de dólares. De ese total, casi el 87 por ciento correspondía a actividades en países en desarrollo. Si hubiesen podido incluirse todos los países del mundo, los gastos estimados totales en extensión habrían superado probablemente la cifra de 6 000 millones de dólares por año (FAO, 1991d).

A pesar del enorme incremento del número de extensionistas registrado en los tres últimos decenios, el alcance efectivo de los servicios de extensión agrícola en los países en desarrollo ha sido limitado. En los Estados Unidos, el Canadá y Europa cada extensionista perteneciente a un servicio público atiende a unas 400 personas económicamente activas en el sector de la agricultura; además, hay que tomar en cuenta los servicios de los extensionistas del sector privado. Sin embargo, en los países en desarrollo cada extensionista atiende en promedio a unas 2 500 personas. Esto parece indicar que en la práctica cada año sólo una de cada cinco personas económicamente activas recibe servicios de extensión en los países en desarrollo. Es probable que esta tasa sea aún menor si se toma en cuenta que aproximadamente una cuarta parte del tiempo de trabajo de los extensionistas se dedica a obligaciones no educativas, en 1989 ello representaba aproximadamente el equivalente de 140 000 años de tiempo de trabajo de extensionistas de dedicación exclusiva (FAO, 1990a).

Otro aspecto es el tipo de agricultores que reciben servicios de extensión. Según datos del Informe de la Consulta Mundial sobre Extensión Agraria, en los países en desarrollo que presentaron informes los extensionistas dedican el 6 por ciento de su tiempo de trabajo y sus recursos a grandes productores de cultivos comerciales, el 26 por ciento a productores de cultivos comerciales en menor escala, el 24 por ciento a los agricultores de subsistencia y el 6 por ciento a las campesinas. Sin embargo, en un estudio monográfico bien documentado sobre el programa de extensión aplicado en dos provincias de Turquía se indica que el 100 por ciento de los 5 100 grandes productores agrícolas recibían servicios de extensión, mientras que sólo el 55 por ciento de los 62 300 pequeños agricultores recibían ese tipo de servicios. De los 17 900 agricultores de escala intermedia, el 90 por ciento recibían servicios de extensión (Contado y Maalouf, 1990).

En el párrafo anterior se han expuesto los problemas relativos a los servicios públicos de extensión. En la mayoría de los países el sector privado tiene cierto grado de participación en la extensión agrícola. En los países desarrollados las tendencias a la privatización obedecen a problemas de presupuesto (Legouis, 1991). En los países en desarrollo la participación de las ONG y del sector privado en las actividades de extensión se debe sobre todo a la necesidad de ampliar su alcance y reducir los costos de las actividades del sector público en esa esfera (Maalouf, Contado y Adhikarya, 1991). Por ejemplo, una ONG, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, aporta el 35 por ciento de los 2 315 extensionistas que trabajan en el país. Una empresa privada aporta el 7 por ciento de los 2 040 agentes de extensión agrícola con que cuenta Uganda (FAO, 1991d). No obstante, a finales del decenio de 1980 las organizaciones no gubernamentales y empresas privadas que prestaban servicios de extensión representaban en todo el mundo sólo el 7 y el 5 por ciento, respectivamente, del número total de organismos de extensión (datos para 113 países cubriendo 186 organizaciones de extensión agrícola, FAO, 1990a). Además, el alcance de sus actividades en los países en desarrollo tiende a ser reducido y se concentra en los agricultores que producen cultivos comerciales. Sin embargo, las tendencias recientes hacia la aplicación de políticas de ajuste estructural y la privatización de las empresas de producción y de servicios ha supuesto una participación creciente del sector privado en la prestación de servicios de extensión. Si bien esa participación se concentra en los productores de cultivos comerciales y productos básicos en gran escala, ello permitiría incrementar los fondos públicos destinados a los otros agricultores.

Cuestiones para el futuro

Como se ha señalado, en los países en desarrollo la población económicamente activa seguirá aumentando hasta situarse en unos 1 200 millones de personas hacia el año 2010. Para garantizar la prestación de servicios de extensión eficaces sería necesario disponer de más de 2,4 millones de extensionistas ya que la relación de 500 personas economicamente activas para cada extensionista se considera el limite máximo para proveer un servicio de extensión eficaz. Si se mantuviese la tasa de incremento registrada entre 1980 y 1989, sería posible disponer de 2,1 millones de extensionistas hacia el año 2010, cantidad muy cercana a la necesaria. Sin embargo, hay dos factores que pueden impedir que se mantenga esa tendencia. En primer lugar, no es seguro que en los próximos dos decenios la contribución de China al aumento del número de extensionistas pueda ser tan considerable como durante el período comprendido entre 1980 y 1989. En segundo lugar, se han reducido los recursos que los ministerios de agricultura de los países africanos destinan a las actividades de extensión (en 1980 esos ministerios destinaron el 25,6 por ciento de su presupuesto total a ese fin mientras que en 1985 la proporción se redujo al 22,3 por ciento y en 1988 al 18,8 por ciento; FAO, 1990a). Sin embargo, también existen factores compensatorios. Uno de ellos es el aumento de las asignaciones que los ministerios de agricultura de los países de Asia y el Pacífico, el Cercano Oriente y América Latina y el Caribe destinan a actividades de extensión. Otro factor es la tendencia hacia la ampliación de la función y la participación del sector privado (ONG y empresas comerciales privadas) en los servicios de extensión agrícola. Un tercer factor es la difusión de programas de desarrollo agrícola conforme a los cuales los agricultores entregan productos básicos como forma de pago por los servicios de extensión que reciben; la Rubber Industries Smallholders Development Authority (RISDA) y la Federal Land Development Authority (FELDA) en Malasia, la Federación Nacional de Cafeteros en Colombia. etc. aplican programas de ese tipo. Un cuarto factor es el número creciente de países en los que el gobierno central concierta acuerdos de asociación con los gobiernos locales para financiar servicios de extensión, como sucede en China. Polonia, etc. Por último, en la mayoría de los países en desarrollo aumentará el número de personas capacitadas para realizar actividades de extensión agrícola cuando las escuelas de agricultura de niveles medio y superior creadas en los decenios de 1960 y 1970 tengan suficiente experiencia y produzcan más graduados a medida que se aproxima el año 2010.

Otro problema fundamental en la esfera de servicios de extensión es el de la situación de la mujer. Si bien en los países en desarrollo la mujer sigue realizando una parte importante del trabajo agrícola, sólo el 17 por ciento de los agentes de extensión agrícola son mujeres. Si la proporción de mujeres extensionistas se mantiene constante durante el período examinado en la presente proyección, en el año 2010 serán unas 330 000. Sin embargo, si se ampliase el reconocimiento del papel de la mujer en la agricultura, aumentase el número de alumnas en las escuelas y colegios correspondientes y se incrementasen los recursos destinados a actividades de extensión para las agricultoras, la proporción de mujeres extensionistas en los países en desarrollo tal vez podría situarse en el 20 por ciento.

Otro problema que los países en desarrollo deberán abordar en el futuro es el del bajo nivel de capacitación de gran parte de los extensionistas. Dado que en muchos países en desarrollo aumenta el número de graduados en agricultura de nivel medio y superior es probable que los extensionistas formados en escuelas secundarias sean reemplazados gradualmente por titulados o graduados universitarios, como ya sucede en muchos países de Asia, América Latina y el Cercano Oriente, donde la proporción de extensionistas de bajo nivel de capacitación, que en 1988–89 era del 40 por ciento, tal vez podría reducirse al 20 por ciento en el año 2010.

10.5. ENSEÑANZA TECNICA Y PROFESIONAL EN LA AGRICULTURA

El número y la calidad del personal técnico y profesional capacitado en agricultura son factores decisivos tanto para el desarrollo agrícola como para el de los recursos humanos en general. Este “capital humano” es relativamente escaso porque la capacitación es un proceso costoso que dura varios años. Sin embargo, las inversiones en enseñanza técnica y profesional tienen un efecto multiplicador cuando el personal capacitado se emplea correctamente en funciones de extensión, capacitación, investigación, dirección de programas y formulación de políticas o en el sector privado.

Si bien muchos países en desarrollo aún sufren graves insuficiencias de personal capacitado en esferas relacionadas con la agricultura, en los tres últimos decenios se han hecho progresos considerables. En 1983, por ejemplo, 46 países de Africa contaban con más de 400 000 personas que habían recibido capacitación agrícola. Además, 25 de esos países disponían de capacidad institucional suficiente para satisfacer las necesidades de capacitación de personal previstas para el año 2000 (FAO, 1984c). A nivel mundial el aumento de la capacidad institucional para impartir capacitación se refleja en el incremento ya mencionado del número de extensionistas así como en el de personal de investigación agrícola. Según informa el ISNAR, entre 1961–65 y 1981–85 el número de personas que se dedicaban a la investigación agrícola en los países en desarrollo pasó de 19 753 a 77 737, lo que sitúa la tasa de incremento anual en el 7,1 por ciento (ISNAR, 1992).

Sin embargo, cuando se comparan estos datos con las necesidades previstas, en particular en los países menos adelantados, es evidente que aún existen insuficiencias considerables. Por ejemplo, en Etiopía sólo si se graduasen anualmente 231 personas de nivel profesional y 1 254 de nivel técnico podrían satisfacerse las necesidades mínimas de personal agrícola capacitado estimadas para el año 2000. Como ya se ha señalado, el problema de la extensión agrícola consiste en que en muchos países en desarrollo el número de extensionistas bien capacitados es insuficiente. En el caso de la investigación, según datos de la Unesco relativos a una muestra de países en desarrollo, la proporción de científicos e ingenieros era de unos 500 por millón de habitantes mientras que en los países desarrollados era de 3 000 por millón (UNESCO, 1991).

En los próximos decenios el suministro de personal técnico y profesional en el sector agrícola seguirá planteando dificultades para la mayoría de los países en desarrollo. En Africa, 18 de los 46 países incluidos en un estudio de 1983 informaron que el número de técnicos agrícolas con que contaban no alcanzaba al 50 por ciento de las necesidades mínimas previstas para el año 2000. Incluso en los países en desarrollo en los que, en general, el número de técnicos y profesionales es suficiente para satisfacer las necesidades mínimas, se plantean problemas de exceso de personal en algunas esferas y escasez en otras. Por ejemplo, en Africa sólo el 7, el 5 y el 11 por ciento del personal agrícola capacitado de nivel técnico y profesional se dedica a silvicultura, pesca y ganadería respectivamente (FAO, 1984b).

Entre los principales problemas en el área de educación agrícola y capacitación con que se enfrentan los países en desarrollo en el umbral de un nuevo siglo cabe mencionar la insuficiente capacidad institucional, el nivel relativamente bajo de apoyo público y privado a la educación agrícola y la escasez de recursos y experiencia para abordar nuevas esferas de la capacitación agrícola, por ejemplo, el medio ambiente y la gestión de los recursos naturales, la biotecnología, la gestión de sistemas de explotación agrícola y la agricultura comercial moderna.