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En el último decenio, la población agrícola y rural del mundo en desarrollo se ha visto afectada de manera cada vez más amplia y directa por varios nuevos procesos en un contexto mundial en rápida evolución. La globalización y la liberalización del comercio han llevado consigo un mayor grado de integración de las economías rurales en los mercados tanto nacionales como mundiales. La población rural se enfrenta con unas condiciones de producción dominadas por el mercado, más dinámicas y por consiguiente menos previsibles. Las respuestas de la población rural a las incertidumbres y los riesgos se están haciendo menos predecibles pero representan un factor económico cada vez más importante. En consonancia con la rápida transformación que se está registrando en los mercados mundiales, los mercados de mano de obra agrícola están también experimentando cambios y adquiriendo mayor dinamismo. A causa de las restricciones de la producción, muchos agricultores emigran para trabajar en las ciudades, en un intento de aumentar al máximo su acceso a recursos escasos y mejorar la vida de sus familias. Para quienes quedan atrás, el acceso a ingresos monetarios y salariales está asumiendo una importancia tan decisiva como el acceso a la tierra (ECOSOC, 1999a).
Las proyecciones demográficas de las Naciones Unidas, apoyadas por los resultados del Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (IIPA), indican que, en los dos próximos decenios, la población rural superará a la población urbana en los países en desarrollo. Por otra parte, las necesidades de alimentos en el mundo en desarrollo podrían duplicarse en los tres próximos decenios (Banco Mundial, 1999a). Teniendo en cuenta que el crecimiento económico de los países en desarrollo está en correlación con el crecimiento agrícola (FAO, 1998), la presión sobre la agricultura para aumentar su producción, y por consiguiente su productividad, será enorme en los años venideros. La producción en las tierras actuales tendrá que duplicarse prácticamente para poder asegurar el suministro sostenible de alimentos que se necesitan (Banco Mundial, 1999a). Así pues, los factores que contribuirán a la intensificación y al aumento de la productividad serán probablemente la investigación y la organización de bases de datos que la faciliten, las nuevas tecnologías, el desarrollo de los recursos humanos rurales y de la fuerza de trabajo agrícola (que habrá de conseguirse centrándose en las operaciones agrícolas en pequeña y mediana escala) y el fomento de la utilización de las estructuras públicas como foro para el diálogo sobre cuestiones de política. Es evidente que todos estos factores desestabilizarán la división actual del trabajo en las zonas rurales y tendrán consecuencias importantes para las relaciones de género a nivel subnacional y nacional.
Recientes estudios han demostrado que, cuando los trabajadores dejan la agricultura y la producción de subsistencia y emprenden actividades remuneradas, en los sectores en expansión de la manufactura y los servicios, aumenta la variedad de los empleos disponibles (Mehra y Gammage, 1999). Sin embargo, esta tendencia no es necesariamente el indicio de un crecimiento vigoroso del sector agrícola. Antes o después, los planificadores tendrán que afrontar la cuestión de cómo invertir mejor en los recursos humanos restantes y aumentar al máximo su productividad.
Hay al parecer importantes desviaciones por razón de género con respecto a la tendencia general de la mano de obra a retirarse de la agricultura. Puede que la feminización en ligero aumento de la fuerza de trabajo agrícola en casi todos los países en desarrollo responda al hecho de que la mujer no se mantiene a la par que el hombre y abandona la agricultura a un ritmo más lento (Mehra y Gammage, 1999). Además, la mujer tiende a ocupar con más frecuencia que el hombre puestos de trabajo de baja productividad, especialmente los que permanecen en el sector agrícola.
Considerar a los trabajadores como recursos importantes para el desarrollo agrícola resulta ventajoso desde el punto de vista económico. Las pérdidas de eficiencia relacionadas con la segregación por razón de sexo en las actividades agrícolas pueden dar lugar a una reducción de la producción total como resultado de una distribución inadecuada de la mano de obra y una infrautilización de las aptitudes existentes relacionadas con el género (como por ejemplo la competencia tradicional de la mujer en la ordenación de recursos fitogenéticos) o incluso una pérdida de conocimientos prácticos. Expertos en la estimación de la eficiencia de la mano de obra han indicado que una reducción de la segregación de la fuerza de trabajo por razón de sexo no es sólo una cuestión de justicia redistributiva, sino que además puede tener efectos beneficiosos tanto para el hombre como para la mujer en lo que concierne a la mejora del bienestar (véase Tzannatos, 1999, que sostiene que "el tamaño del pastel aumenta cuando la mujer reclama una parte mayor"). Desde este punto de vista, las intervenciones normativas orientadas a aumentar la producción de la mujer pueden entrañar un aumento de la inversión en la mujer como productor agrícola y una reorganización de la división del trabajo basada en el género.
En el mundo en desarrollo en su conjunto, la agricultura representaba todavía el 63 por ciento aproximadamente del empleo total para la mujer en 1997 (véase el Cuadro 4, pág. 14) y sigue siendo el sector más importante para el empleo femenino en el África subsahariana y en Asia. Al mismo tiempo, la proporción del trabajo de la mujer en el sector no estructurado, tanto urbano como rural, sigue siendo alta. Las ocupaciones marginales constituyen el medio de subsistencia (remunerado o no) para más del 80 por ciento de las mujeres en los países de bajos ingresos y para el 40 por ciento en los países con ingresos medios. Estos países representan en conjunto el 85 por ciento de la población mundial (Chen, 1999; Mehra y Gammage, 1999). Sin embargo, este trabajo sigue sin ser reconocido en gran medida, ya que suele considerarse que el sector no estructurado (tanto en la agricultura como fuera de ella) constituye una categoría "residual", que tiene un carácter supuestamente efímero y que no contribuye de forma sensible a la producción de la economía nacional. Investigaciones realizadas en los últimos años indican que el trabajo de la mujer en la agricultura suele subestimarse considerablemente. Por ejemplo, en 1994 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó de que la diferencia entre las tasas de empleo de mano de obra femenina en la India, cuando se utilizaba una definición amplia de "trabajo" y cuando se aplicaba una definición estricta, era del 75 por ciento. El censo de 1981 en la República Dominicana estimó en un 21 por ciento la tasa de empleo de la mujer, cifra que fue corregida y aumentada al 84 por ciento por una encuesta especial realizada tres años después, cuando en la definición de "trabajo" se incluyeron actividades como la horticultura y la cría de animales (Tzannatos, 1999).
Con la globalización, los planificadores rurales han de afrontar el problema de cómo contabilizar los efectos indirectos de los factores sociales sobre los procesos económicos (y cómo valerse de ellos). Por ejemplo, ¿cómo pueden los países de bajos ingresos permitirse el lujo de considerar que el crecimiento de los cultivos comerciales (que requiere una infraestructura costosa) es una prioridad del desarrollo, cuando amplios sectores de la población rural siguen anclados a una agricultura de subsistencia con una baja productividad y, por consiguiente, puede que sean candidatos al (des)empleo urbano en un futuro próximo? De hecho, estos agricultores (principalmente mujeres) cultivan alimentos que son necesarios para la seguridad alimentaria pero, al no tener otros ingresos, no pueden participar directamente en el desarrollo y beneficiarse de él. ¿Cómo pueden combinarse estos dos procesos de desarrollo -la expansión industrial de los cultivos comerciales y la agricultura de subsistencia- sin que se obstaculicen mutuamente? Puede que para ello sea necesario seleccionar a determinados grupos de la población que practican la agricultura de subsistencia como beneficiarios de programas en favor de la sostenibilidad y el crecimiento (como por ejemplo el fomento de microempresas) o aprender a evaluar el trabajo oculto asociado con las estrategias de supervivencia y las ganancias derivadas de ellas que los agricultores utilizan de manera oficiosa.
Por lo que respecta a la mujer, los programas de reajuste estructural han traído consigo nuevas fuerzas de "contención". En un reciente informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el adelanto de la mujer rural se subraya que es posible que la globalización y la liberalización del comercio acarreen más dificultades que beneficios para la mujer rural, dada la reducción de la ayuda internacional y, en consecuencia, la disminución de los presupuestos nacionales de asistencia social en los países más pobres del mundo (ECOSOC, 1999a). Puede que la retirada de capitales de la esfera social haya afectado a las condiciones de trabajo de la mujer al añadir nuevas limitaciones derivadas de sus funciones domésticas. Por ejemplo, la reducción de los presupuestos de sanidad redundará probablemente en un aumento de las tareas de asistencia a cargo de la mujer, mientras que la desinversión en infraestructura comunitaria, como por ejemplo sistemas de abastecimiento de agua, aumentará probablemente el volumen de trabajo de la mujer en el hogar. Es fundamental que, al planificar el desarrollo, se defina la población beneficiaria (por sexo, edad, sector de la producción agrícola y tipo de ocupación y trabajo) en función de un determinado objetivo de desarrollo. Sin embargo, esto no será posible si los planificadores rurales continúan basando sus decisiones sobre todo en datos relativos a insumos y productos, pasando al mismo tiempo por alto el factor de los recursos humanos, es decir la contribución del trabajo humano y las dimensiones sociales de la agricultura.