M. Clarke
Mary Clarke
trabaja en el Instituto Neozelandés de Investigación Económica, Wellington, Nueva Zelandia.
Algunos de los problemas planteados por la venta de los bosques de propiedad estatal en el decenio de 1990.
Bosque autóctono en Nueva Zelandia
El decenio de 1987 a 1996 fue un período de cambio para el sector forestal en Nueva Zelandia1. En 1987 se desmanteló el Servicio Forestal de Nueva Zelandia y las operaciones de silvicultura comercial del Gobierno fueron asumidas por una empresa estatal, la New Zealand Forestry Corporation. Sin embargo, las semillas del cambio se habían sembrado mucho antes. En efecto, los cambios ocurridos podrían considerarse como evolución lógica de la ordenación forestal en el país: al crecer la industria desde una «infancia» necesitada de cuidados hasta convertirse en una fuerza competitiva madura, menguó la necesidad de intervención estatal. La última fase de esta evolución ha sido la privatización de los bosques. Entre 1990 y 1992 el Gobierno vendió al sector privado más de 350 000 ha de bosques. Otras 188 000 ha de bosques públicos se vendieron en 1996.
1
Los detalles sobre las primeras fases de la privatización se han recogido en un artículo de C.L. Brown y J. Valentine en Unasylva 178 (1994), «La privatización y sus consecuencias en las instituciones forestales: la situación en Nueva Zelandia» [N.d.l.r.].
Este artículo describe el proceso de privatización, analiza sus intenciones y resultados y examina los problemas y las consecuencias.
DE SERVICIO PÚBLICO A EMPRESA COMERCIAL
De 1919 a abril de 1987, las operaciones forestales públicas estaban a cargo de un solo organismo, el Servicio Forestal de Nueva Zelandia. La legislación reguladora estableció en 1949 que su objetivo primario era producir y comercializar ventajosamente productos forestales. Este objetivo se corrigió en 1976 para tener en consideración otros factores, tales como políticas y directrices para la reforestación en regiones necesitadas de desarrollo económico, oferta de empleo, utilización de tierras poco productivas, objetivos relativos a plantaciones y al medio ambiente.
En torno a 1985 varios factores indicaban que había llegado el momento, para el Gobierno, de reconsiderar su manera de administrar su capital forestal. Se preveía para los años noventa un aumento de la oferta de madera de los bosques, y se consideró necesario operar en un ambiente más comercial para elevar al máximo los beneficios; esto requeriría inversiones en actividades posteriores a la extracción.
El movimiento ecologista trataba de presionar al Gobierno para que pusiera en su campo de mira no sólo el suministro de madera sino también otros aspectos de la sostenibilidad, entre ellos las cuestiones ambientales. La política económica del Gobierno era liberalizar las industrias y por lo tanto, exponer a las empresas a las presiones de un contexto competitivo en busca de la eficiencia. Como consecuencia de lo anterior, el Gobierno se propuso aclarar los objetivos de los organismos promoviendo con ello la transparencia y la rendición de cuentas.
En 1985, se tomó la decisión de dar un marco empresarial a las funciones comerciales del Servicio Forestal de Nueva Zelandia, es decir transferir tales funciones a una empresa estatal. Así pues, en abril de 1987 se estableció la New Zealand Forestry Corporation como sociedad de responsabilidad limitada facultada para dirigir las operaciones forestales comerciales de la administración central (550 000 ha de bosques más serrerías, viveros y otros bienes de capital). Las funciones no comerciales del Servicio Forestal se transfirieron a dos nuevos departamentos del Gobierno, el Departamento de Conservación (que administraría los bosques naturales públicos) y el Ministerio de Silvicultura (que tendría funciones de política forestal, salud y protección de los bosques e investigación forestal). Las funciones del Ministerio de Silvicultura se transfirieron al nuevo Ministerio de Agricultura y Silvicultura en 1997.
La New Zealand Forestry Corporation era una entidad mucho más limitada que su antecesor. Algunos empleos se transfirieron a los nuevos departamentos del Gobierno; otros se ofrecieron a contratistas en virtud de una estrategia para mejorar la eficiencia laboral; otros, en particular los puestos de dirección, se perdieron. El objetivo principal de la Corporación, como el de todas las empresas estatales, era adoptar una orientación comercial, que se consideró un requisito previo para competir eficazmente con el sector privado. De hecho, la New Zealand Forestry Corporation tuvo mucho éxito al hacer de un organismo oficial que acumulaba pérdidas una empresa altamente rentable (Figura 1). Al no estar limitada por objetivos sociales y ecológicos - que incumbían ahora a los nuevos departamentos gubernamentales - se centró en su objetivo de rentabilidad.
FIGURA 1 Las pérdidas se transforman en beneficios
Nota:
Los mayores beneficios de la New Zealand Forestry Corporation se deben en parte al hecho de que, siendo su objetivo primario el lucro, dejo de realizar varias de las múltiples funciones - económicas, ambientales y sociales - del Servicio Forestal de Nueva Zelandia.
Fuente: Kirkland, 1996.
EL IMPULSO HACIA LA PRIVATIZACIÓN
El éxito comercial no bastó, sin embargo, para que el nuevo enfoque institucional se limitara a la gestión de los intereses comerciales del Gobierno en el sector forestal. Las siguientes consideraciones sugieren que se precisaban más cambios y que la respuesta sería la venta de los bosques públicos.
Contexto económico: liberalización y política oficial de privatización
Desde 1984, el programa neozelandés de reforma económica se ha basado en una filosofía de mercado libre. Proteccionismo y reglamentación habían enfriado cualquier impulso o incentivo de competitividad. El contacto de las industrias con las realidades del mercado internacional obligó a las empresas neozelandesas a esforzarse constantemente por crear algo nuevo y aprovechar sus actuales ventajas competitivas. El programa de liberalización en el sector forestal incluía la supresión de controles de precios que habían existido para algunos productos, la adopción de una estrategia de precios de mercado para exportar madera de bosques públicos, una reducción progresiva de aranceles y otras limitaciones a la importación de productos forestales, el establecimiento de un instituto de investigación forestal autónomo y de orientación comercial, la comercialización de las plantaciones forestales estatales y, consecuentemente, la venta del capital forestal administrado por esas entidades empresariales. En el marco de este más amplio programa de reforma económica, en diciembre de 1987, el Gobierno anunció una estrategia de privatización dirigida a reducir el nivel de la deuda pública. La política consistía en vender las empresas estatales para obtener el máximo de ingresos, a menos que hubiera buenas razones económicas o sociales para conservar la propiedad. El presupuesto de 1988 estableció criterios para determinar qué intereses públicos se venderían (Clarke, 1996):
· el Gobierno tendría que recibir por la venta de la empresa más de lo que esperaba recibir si conservaba la propiedad;· la venta de cualquier empresa tendría que propiciar, y no obstaculizar, el logro de los objetivos sociales y económicos del Gobierno.
El presupuesto de 1988 incluía los bienes forestales - 550 000 ha de plantaciones forestales - entre las propiedades públicas destinadas a la venta.
Naturaleza ambigua de la New Zealand Forestry Corporation
Pese a su éxito comercial, muchos consideraban que la Corporación era un ente híbrido entre departamento gubernamental y entidad cabalmente comercial. Algunos creían que su estructura, pillada entre dos mundos, recogía sólo lo peor de cada uno (Clarke, 1996). De hecho, las disposiciones de la Ley de Empresas Estatales hacían posible la interferencia política: la ley concedía a los ministros accionistas poderes de intervención y acceso a toda la información relativa a los asuntos de la corporación. Aunque los ministros se abstuvieron deliberadamente de interferir políticamente, no por ello se disipó el sentimiento de que, tratándose de una empresa estatal, el Gobierno podía intervenir en atención a objetivos no comerciales.
Seguridad de suministros y valor añadido
La New Zealand Forestry Corporation estaba capacitada sólo para elaborar la madera obtenida de sus bosques. Se decía que sus acuerdos de suministro con las industrias de transformación no daban a éstas bastante seguridad de disponer de recursos para ampliar sus operaciones o establecer nuevas instalaciones. Otro impedimento era la capacidad limitada de la Corporación para movilizar capital y la condición de que toda inversión propuesta fuera previamente aprobada por los ministros accionistas. Se confiaba en que la privatización de los bosques públicos terminaría con estos impedimentos.
Desacuerdo sobre el valor de las propiedades forestales del Estado
Cuando se confió a la Corporación la gestión comercial de los bosques públicos, la intención era transferir las propiedades forestales de la contabilidad del Gobierno a la de la nueva empresa estatal. Sin embargo, el Gobierno y la Corporación presentaron estimaciones muy divergentes del valor de las propiedades forestales (Kirkland, 1996). No pudiendo superarse el desacuerdo, los funcionarios sugirieron finalmente que una manera práctica de resolver la disputa sería vender las propiedades.
PRIVATIZACIÓN
Las ventas de 1990-1991
Poco después de que se anunciara en 1988 la venta de los bosques, se constituyó un grupo de trabajo sobre los bosques integrado por funcionarios y consultores del sector privado para que recomendara el mejor proceso para que la Corona se desprendiera de sus propiedades forestales. El grupo de trabajo opinó que se debían vender únicamente los bosques, pero no las tierras que los sustentaban. Recomendó que los bosques se vendieran en forma de derechos transferibles de corta y explotación y que la superficie forestal se dividiera en varias parcelas para la venta (Forestry Working Group, 1988). En noviembre de 1988, la New Zealand Forestry Corporation fue designada como agente de venta del Gobierno.
La Ley de Propiedades Forestales de la Corona de 1989 estableció el derecho del Gobierno de vender sus propiedades forestales y dividió la superficie forestal en 90 unidades de tamaños variables entre 51 y 132 112 ha. A cada unidad se asignaron derechos de propiedad transferibles llamados licencias forestales de la Corona, especificándose en cada caso las condiciones de venta. El Gobierno se proponía recibir ofertas en pliego sellado respecto a unidades separadas o grupos de unidades. La combinación de ofertas más ventajosa decidiría la adjudicación de los bosques. El procedimiento de ventas se concibió para dar a los concursantes flexibilidad para adaptar sus propios lotes, para atraer a gran número de concursantes y para facilitar así un concurso competitivo.
Se abrió el concurso para 66 de las 90 unidades en abril de 1990. Las restantes unidades se retiraron del concurso público a causa de algunas dudas respecto a los suministros contractuales a dos grandes compañías forestales de Nueva Zelandia.
Al cerrarse el concurso en julio de 1990, se habían inscrito 82 participantes, alrededor de la mitad de los cuales tenían su sede en el extranjero. Sin embargo, sólo dos ofertas reunieron las condiciones: 47 030 ha de bosque se vendieron a la compañía neozelandesa Tasman Forestry Limited; y 24 000 ha y una serrería se vendieron a la empresa Ernslaw One Limited, de Malasia y Singapur, por un total de 364 millones de dólares de Nueva Zelandia2.
2
1,92 dólares de Nueva Zelandia = 1,00 dólar de EE.UU. (diciembre de 1998).
Hubo después una importante ronda de ofertas y negociaciones entre compradores potenciales y la New Zealand Forestry Corporation, el Tesoro y expertos externos. El resultado fue la venta de otras 175 676 ha de bosques estatales, incluidas algunas de las unidades antes retiradas de la licitación, cuya venta puso fin a desavenencias legales.
Las ventas de 1990 reportaron más de 1 000 millones de dólares de NZ.
Papel residual del Gobierno
Se establecieron tres nuevas empresas estatales para controlar el 55 por ciento de las propiedades forestales que no se vendieron. Estas empresas, que empezaron a operar en diciembre de 1990, fueron Timberlands Bay of Plenty (nombre que se cambió después por Forestry Corporation of New Zealand), que controlaba 170 000 ha que siguieron en el programa de ventas del Gobierno; Timberlands West Coast, que administraba 24 000 ha de bosques naturales retiradas del programa de ventas; y New Zealand Timberlands Ltd, que administraba 109 000 ha en 36 bosques en las Islas Norte y Sur. La New Zealand Forestry Corporation dejó de existir, pero subsistió como sociedad ficticia para recibir los dividendos de las nuevas empresas estatales.
Venta de New Zealand Timberlands
El Gobierno anunció en 1991 su intención de vender New Zealand Timberlands, indicando que adoptaría al respecto una posición flexible. Se considerarían todo tipo de ofertas sobre bosques determinados, regiones forestales y la totalidad de la superficie forestal administrada por la empresa estatal. En abril de 1992, se anunció que la empresa había sido vendida a ITT Rayonier New Zealand (llamada ahora Rayonier New Zealand) por 366 millones de dólares de NZ. Algunos bosques se excluyeron de la venta por consideraciones ambientales o reclamaciones del pueblo indígena de Nueva Zelandia, los maoríes.
Venta de Forestry Corporation of New Zealand
En 1996, el Ministro de Hacienda anunció la intención del Gobierno de vender sus acciones en la Forestry Corporation of New Zealand (antes Timberlands Bay of Plenty). El activo de la sociedad consistía en licencias forestales de la Corona sobre plantaciones forestales que se habían extendido a 188 000 ha en la región central de la Isla Norte, fábricas en varios lugares, un vivero y un semillero.
Un puñado de grandes compañías y consorcios forestales presentaron ofertas. El único criterio era el precio. Sin embargo, por no ser las ofertas tan sustanciosas como se esperaba, se pidió a los participantes que reconsideraran sus ofertas. En agosto de 1996, se anunció que la Forestry Corporation of New Zealand se había vendido a un consorcio encabezado por Fletcher Challenge tras valorarse el activo en 2 026 millones de dólares de NZ.
CUESTIONES Y CONSECUENCIAS
La privatización de las propiedades forestales estatales de Nueva Zelandia suscitó una serie de cuestiones. Estas fueron algunas de las más discutidas:
· ¿Cuál sería la mejor manera de proteger los derechos de los maoríes a reivindicar unas tierras que en justicia les pertenecían?· ¿Qué consecuencias tendrían los cambios institucionales sobre la competitividad y la rentabilidad de las actividades forestales?
· ¿Qué consecuencias habría para el empleo?
· ¿Procederían los nuevos propietarios a renovar y ampliar las plantaciones?
· ¿Promovería la privatización una mayor elaboración de productos en el país o estimularía las exportaciones de madera en rollo?
Protección de los derechos de los maoríes
Un tratado firmado entre la Corona y los maoríes en 1840 garantiza a éstos la propiedad y la administración de sus tierras y otras posesiones. No obstante, a lo largo de la historia de Nueva Zelandia gobiernos sucesivos han tomado tierras de los maoríes para diferentes fines y mediante medios diversos, algunos más cuestionables que otros. Hay actualmente mecanismos jurídicos e institucionales para atender a las quejas de los maoríes y llegar a una solución.
Los maoríes han presentado reclamaciones respecto a la mayoría de los bosques de la Isla Norte y a todos los bosques de la Isla Sur. Los 90 bosques más o menos poseídos por el Estado antes de 1990 han sido objeto de más de 125 reclamaciones, es decir un promedio de 1,5 reclamaciones cada uno (Crown Forestry Rental Trust, 1997). Un bosque llega a ser objeto de hasta cinco reclamaciones de diferentes grupos tribales. El grupo de trabajo sobre los bosques de 1988, que informó respecto al proceso oficial de privatización, recibió también instrucciones para analizar la manera de respetar los derechos de los maoríes sin menoscabo del objetivo gubernamental de obtener los mayores ingresos posibles. Después de consultar con grupos maoríes representativos, el grupo de trabajo (Forestry Working Group, 1988) recomendó al Gobierno la siguiente forma de proceder:
· vender los árboles y no el terreno;· cobrar una tasa por arriendo de la tierra y mantener las sumas percibidas en depósito a favor de quien el tribunal de Waitangi pueda dictaminar finalmente que es el propietario de la tierra;
· disponer la devolución gradual de la tierra a los demandantes maoríes ganadores de los pleitos una vez recolectada la actual cosecha de árboles;
· compensar a los maoríes, como se crea procedente, por la oportunidad perdida de utilizar sus tierras.
Estas recomendaciones tuvieron efectos legislativos mediante la Ley de Propiedades Forestales de la Corona de 1989. Hasta la fecha, sólo una reclamación se ha resuelto enteramente, en gran medida mediante procedimientos no previstos en la legislación. Están en tramitación acciones resolutivas respecto a otras dos reclamaciones. Hay dudas respecto a la capacidad del tribunal de Waitangi para recibir las demandas y tomar decisiones, y se discute si habría que adoptar otros procedimientos para llegar a una solución.
Fuente
: Clarke, 1996.
Fuente
: New Zealand Ministry of Forestry, datos inéditos, 1998.
Competitividad y rentabilidad
Antes de las ventas forestales, la industria forestal de Nueva Zelandia estaba dominada por el Gobierno (propietario o arrendador del 52 por ciento del patrimonio forestal) y un puñado de grandes empresas nacionales. Una compañía australiana aportaba la única inversión significativa en la industria (Figura 2). Como consecuencia de las ventas y las ulteriores transacciones con el sector privado, el Gobierno posee ahora menos del 7 por ciento de la superficie forestal. Nuevos actores extranjeros han penetrado en la industria. La primera ronda de ventas de bosques en 1990-1991 fue ocasión para la entrada de inversores asiáticos, que poseen actualmente un poco más del 12 por ciento del patrimonio forestal. Tras la segunda ronda de ventas, los inversores estadounidenses poseen ya un tercio del patrimonio forestal (Figura 3).
¿Han promovido estos cambios la competitividad y la rentabilidad de las actividades forestales, como suponían muchos de los promotores del cambio? No es fácil responder a esta pregunta (véase la Figura 4). El índice del margen de beneficio sobre los precios de los insumos forestales en comparación con el sector no comerciable es un índice interno de intercambio que mide la capacidad relativa del sector forestal para atraer recursos de otros sectores de la economía neozelandesa. Gráficamente, una curva ascendente representa un deterioro en la competitividad, ya que el margen de beneficio sobre los precios de los insumos forestales se ha reducido en comparación con el sector de bienes no comerciables, lo que es un aliciente para que los recursos salgan de aquel sector para venir a éste. Inversamente, una curva descendente representa una mejora, pues el sector forestal se ha hecho más rentable en comparación con el de bienes no comerciables. La figura indica que el sector forestal ha mejorado claramente su posición competitiva desde los últimos años ochenta, coincidiendo con el período de constitución de empresas y privatización. Sin embargo, atribuir esto enteramente a ambos procesos sería equívoco. Un factor clave que se trasluce en la curva es el máximo alcanzado por los precios de la madera en 1993. De todas maneras, la teoría económica que dice que las conclusiones son más contestables cuanto mayor sea el número de actores en la industria, sugiere que una parte de este movimiento puede atribuirse a la privatización.
FIGURA 4 Competitividad del sector forestal
Fuente
: Clarke, 1998.
Empleo
El debate sobre si se han creado o perdido puestos de trabajo por obra de la privatización no ha conducido a conclusiones claras, lo que se complica con la escasez de estudios empíricos. Algunos empleos se transfirieron simplemente a raíz de la adquisición; algunos nuevos propietarios redujeron el personal en busca de una mayor eficiencia en el trabajo; otros crearon nuevos puestos al diversificar las actividades forestales y la elaboración de la madera. Cualquiera que sea el resultado, no se debe exagerar su importancia: los bosques no son la fuente de empleos que muchos creen en Nueva Zelandia.
¿Plantar o no plantar?
Cuando el Gobierno anunció sus intenciones de privatizar su patrimonio forestal hubo un debate considerable sobre si la reforestación de las superficies de las que se extraiga madera debería ser una condición para adquirir la propiedad. La primera ronda de ventas en 1990-1991 excluyó toda condición de reforestación (a menos que se considerara necesaria respecto a la conservación u otros objetivos). El pensamiento dominante era que los nuevos propietarios deberían ser libres para utilizar las tierras de la manera más provechosa (Forestry Working Group, 1988). Dado que la tierra estaba ya cubierta por bosques y como, en aquel entonces, la explotación forestal era lucrativa, se suponía que la forestación y la reforestación serían opciones atractivas. Además, al Gobierno le interesaba no imponer condiciones de venta que pudieran reducir el precio de los bienes vendidos.
FIGURA 5 Superficie de plantaciones anuales
Fuente
: New Zealand Ministry of Forestry, datos inéditos, 1998.
En la época de las ventas de 1992 y 1996 el ambiente político había evolucionado. Una condición de estas últimas ventas fue que se reno varan las plantaciones amenos que el propietario del bosque se propusiera dedicar la tierra a otro uso sostenible con la aprobación del Gobierno. La introducción de esta disposición no se debió a que los niveles de plantaciones hubieran descendido, pues no fue así (Figura 5). Se trataba más bien de dar seguridades a los partidarios de la reforestación. Cabía sostener que tales seguridades eran innecesarias, pues los cambios del sistema impositivo, las subidas de precios de los productos forestales y la publicidad estaban estimulando las plantaciones en los años noventa y llevando la forestación a muy altos niveles históricos.
Industrias de transformación
Uno de los objetivos de la privatización era estimular el crecimiento de las industrias de transformación. Algunos observadores, no obstante, no estaban convencidos de que el resultado fuera ese. Los industriales independientes temían que se pusieran en peligro los sistemas vigentes de suministros, por imperfectos que fueran. Según otros, los nuevos propietarios exportarían la madera en rollo para obtener ingresos inmediatos en efectivo con lo que pagarían el precio de la compra, y no les interesaría transformar la madera en Nueva Zelandia.
El Gobierno prestó una atención creciente a estas inquietudes en las ventas sucesivas:
· Las ventas de 1990-1991 no impusieron condición alguna en forma de limitaciones de suministro o exigencias de elaboración. Igual que en lo que se refiere a plantaciones, se consideró que los compradores debían tener libertad para dar a los recursos el uso que creyeran más rentable.· Cuando se vendió la New Zealand Timberlands en 1992, se exigió al comprador que cumpliera los acuerdos de suministros de cinco años con los clientes del momento.
· Cuando se vendió la Forestry Corporation of New Zealand en 1996, se exigió a los participantes a la licitación que acreditasen primero su intención de añadir valor al recurso dentro de Nueva Zelandia. La presión pública se consideró suficiente para que el nuevo propietario cumpliera sus intenciones declaradas: se les advirtió que cualquier incumplimiento se haría público.
¿Qué ha ocurrido en realidad? Todos los nuevos propietarios forestales han invertido o se proponen invertir en actividades de valor añadido. Rayonier New Zealand, por ejemplo, ha establecido una fábrica de tableros de fibras. Esto es significativo, porque cuando la compañía compró los bosques no tenía intención de emprender actividades industriales; sus planes eran exportar madera en rollo. De los 1 600 millones de dólares de NZ de inversiones previstas para el período de 1990 a 2005, el 90 por ciento corresponde a los compradores del patrimonio forestal estatal (Ministry of Forestry, varios años).
Aunque la industria de elaboración creció en los últimos años ochenta, sigue exportándose un volumen creciente de madera en rollo. Al crecer la producción de madera de Nueva Zelandia, es muy probable que siga aumentando la exportación de rollizos. La inversión necesaria para elaborar la madera en el país se ha calculado entre 4 000 y 6 000 millones de dólares de NZ (Ministry of Forestry, 1995). Las intenciones de inversión en ningún sitio se acercan a esos niveles. ¿Es esta situación del mercado la óptima, o hay deficiencias (como información insuficiente sobre inversiones) que obstaculizan una mayor industrialización nacional?
CONCLUSIÓN
La privatización fue un cambio lógico en la forma en que Nueva Zelandia administraba sus recursos forestales, congruente con la maduración de la industria. Los cambios en la percepción política y en el contexto comercial han condicionado los resultados:
· El derecho de la población indígena de Nueva Zelandia a reivindicar la tierra que en justicia le pertenece se reconoce en la legislación. No obstante, el proceso de realización de estos derechos ha tenido un desarrollo lento.· La rentabilidad y la competitividad de las actividades forestales han recibido un impulso positivo. Este efecto puede atribuirse en parte a la transferencia de la propiedad.
· Sigue siendo dudoso que la transferencia de la propiedad se haya traducido en mayores o menores niveles de empleo. No obstante, dada la baja densidad de mano de obra en el sector forestal neozelandés, esta cuestión es más especulativa que real.
· Los principios del mercado más bien que las decisiones de las autoridades han hecho que las inversiones en forestación alcancen nuevos niveles históricos.
· Se ha facilitado la elaboración en el interior del país. Sin embargo, el nivel de inversiones está lejos del potencial en función de los suministros de material. La correspondencia al potencial del mercado es asunto discutible.
Bibliografía
Brown, C.L y Valentine, J. 1994. La privatización y sus consecuencias en las instituciones forestales: la situación en Nueva Zelandia. Unasylva, 178: 11-19.
Clarke, M. 1996. Corporatisation, privatization and beyond. Wellington, Nueva Zelandia, Ministry of Forestry. (Documento interno.)
Clarke, M. 1998. Foreign direct investment in New Zealand forestry. Speech to the New Zealand Institute of Forestry Investment Conference, Wanganui, Nueva Zelandia, febrero.
Crown Forestry Rental Trust. 1997. Report to Appointors. Wellington, Nueva Zelandia.
Forestry Working Group. 1988. Sale of the Crown's commercial assets. Report to the Minister of Finance and the Minister of State Owned Enterprises. Wellington, Nueva Zelandia.
Kirkland, A. 1996. A century of state-honed enterprise: 100 years of State plantation forestry in New Zealand. (Inédito.)
New Zealand Ministry of Forestry. 1995. Processing investment options in the New Zealand forest industry. Wellington, Nueva Zelandia.
New Zealand Ministry of Forestry. Varios años. Investment Update.
