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TRABAJAR JUNTOS HACIA UN OBJETIVO COMÚN


La reforma agraria puede mejorar tanto la igualdad como los resultados. No obstante, para que tenga éxito, el diseño y la aplicación de las políticas y los programas conexos han de llevarse a cabo de un modo participativo a nivel nacional, institucional y local.

A nivel nacional, los responsables de las políticas aprueban la legislación, autorizan programas para aplicar las políticas y proporcionan recursos. El asesoramiento de los organismos internacionales donantes y para el desarrollo desempeña una función importante en esta fase. Corresponde después a los organismos estatales convertir las leyes en programas. Estos programas deberán incluir la capacitación del personal en cuestiones de género para garantizar la integración de la igualdad del hombre y la mujer en los programas agrarios. A nivel local los interesados deberán participar en la aplicación de políticas adecuadas.

Es importante que las partes directamente interesadas y las encargadas de aplicar las políticas compartan sus experiencias en todas las fases del proceso. De otro modo, pueden producirse resultados imprevistos. Por ejemplo, en Burkina Faso, la introducción de proyectos de fomento del riego tuvo el efecto imprevisto indeseado de que aumentara el control de la tierra por parte de los hombres. Esto se debió a que, en los sistemas tradicionales de tenencia, los hombres obtienen los derechos de control de las parcelas con riego. Las mujeres perdieron algunos de sus derechos cuando estos proyectos afectaron las tierras que cultivaban.

TÍTULOS DE PROPIEDAD SOBRE LA TIERRA Y SEGURIDAD DE TENENCIA DE LA TIERRA EN NICARAGUA

Se ha fomentado la concesión de títulos oficiales de propiedad sobre la tierra como un mecanismo adecuado para garantizar la seguridad de la tenencia a los propietarios. Nicaragua ha realizado progresos significativos en cuanto al aumento del número de mujeres propietarias de tierras.

Esto se logró mediante una legislación que comenzó a aplicarse en los años ochenta y que establecía los mismos derechos para la mujer y el hombre a la hora de beneficiarse de los programas de tenencia de tierras. Un nuevo impulso llegó con la ley de titularidad conjunta de 1997, que establecía que los derechos adquiridos por las familias a través de un programa de reforma agraria debían figurar a nombre de ambos cónyuges. Los esfuerzos desplegados para la difusión, capacitación y promoción de la titularidad conjunta valieron la pena. Mientras que en los años ochenta sólo se concedía a las mujeres el 10 por ciento de los títulos de propiedad sobre la tierra, en el año 2000 esa cifra había aumentado al 42 por ciento. Aún queda mucho trabajo por hacer: aunque hay más mujeres que reciben títulos de propiedad, sus parcelas de tierra suelen ser más pequeñas que las que se conceden a los hombres.


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