La política macroeconómica influye fuertemente sobre los incentivos a la producción agrícola y los ingresos de las familias rurales, a través de sus efectos sobre los precios reales y relativos, o sobre los términos de intercambio intersectoriales de la economía.
La política macroeconómica también afecta los incentivos a las exportaciones agrícolas, y puede constituir un marco favorable para la financiación y la inversión rural.
Desde la perspectiva de la política de desarrollo agrícola, los más importantes instrumentos macroeconómicos son las políticas de la tasa de cambio, comercial, tributaria, de gastos fiscales, monetaria y del marco regulador.
El deterioro de los precios agrícolas reales es perjudicial para la producción y las condiciones de la vida rural. En el largo plazo (como se indicó en el Capítulo 1), la política de disminuir los precios internos de los alimentos empeora los problemas de pobreza y reduce la capacidad de la agricultura para contribuir al crecimiento global de la economía.
Tanto los subsidios explícitos como los implícitos han tenido un papel importante en las políticas agrícolas del pasado, a veces con el propósito de balancear el sesgo contrario a la agricultura de otros componentes de la política macroeconómica. Sin embargo, a menudo los subsidios son regresivos en sus efectos sobre los grupos de ingresos.
Otros argumentos contra las subvenciones son los siguientes: los subsidios tienden a favorecer a las actividades menos competitivas; son difíciles de eliminar una vez establecidos; sus costos fiscales para la nación pueden ser altos; incentivan los comportamientos de búsqueda de rentas; reducen las posibilidades de desarrollar, sin subvenciones, instituciones viables en el largo plazo; las expectativas de obtener subsidios pueden llevar a la postergación de proyectos válidos y, especialmente en el caso de crédito subvencionado, pueden provocar actitudes económicas contraproducentes entre sus propios beneficiarios.
Las razones en favor de los subsidios son las siguientes, entre otras: pueden ser esenciales para reducir la pobreza; se justifican cuando compensan externalidades ambientales; cuando se utilizan en forma transitoria, pueden contribuir a facilitar la transición hacia un sistema económico menos dependiente a largo plazo de los subsidios; son necesarios en casos de desastres naturales, y pueden compensar situaciones de información imperfecta y fallas del mercado.
Dada la contribución fundamental de la agricultura al crecimiento económico y la disminución de la pobreza, y los costos sociales de la migración rural-urbana, existen buenos argumentos en favor de la ayuda o apoyo general al sector.
Las cuestiones principales para las decisiones de la política agrícola incluyen el monto de dicha ayuda al sector y las vías a través de las cuales se otorga, para lo cual hay que tener en cuenta consideraciones de eficiencia y de costos para los demás sectores.
Los esfuerzos para reducir la pobreza han sido en el pasado conducidos a través de programas y proyectos de inversión, pero se ha dado poca importancia al diseño de políticas de crecimiento para la reducción de la pobreza. Hay muchos ejemplos de políticas agrícolas cuyos beneficiarios primarios son los pobres.
El sesgo de género está muy difundido en la legislación, los programas y los proyectos de los países en desarrollo. Además de injustos, esos sesgos también reducen la capacidad de los países para acelerar el desarrollo económico.
Diversos estudios han mostrado que una mayor atención a la educación femenina aumenta los niveles nutricionales y las tasas de crecimiento económico de los países, y que mayor control de las mujeres sobre los insumos y las decisiones de las fincas aumenta la producción.
Muchos proyectos financiados por instituciones internacionales tienen sesgos de género. El punto de partida para reducir ese sesgo es llevar a cabo un análisis de género al comienzo de la fase de formulación de los programas y los proyectos.
Existen muchas empresas de propiedad del Estado en los países en desarrollo. Representan un importante drenaje de recursos fiscales y una diversión de las energías de los países de otras inversiones más productivas. Siempre que los peligros acerca de la posible creación de monopolios y oligopolios privados puedan ser evitados, la privatización a menudo aumenta las posibilidades de crecimiento económico.
La forma de llevar a cabo la privatización es crucial. Un marco regulador fuerte es un prerrequisito de toda privatización exitosa. Se necesita también tener en cuenta que, en muchos países en desarrollo y en transición, el sector privado puede no tener en el corto y mediano plazo la capacidad financiera o administrativa necesaria para asumir el control de muchas empresas públicas. En algunos casos, subsidios transitorios pueden jugar un papel en los procesos de privatización, particularmente si se desea que una gran cantidad de agricultores o ciudadanos se transforme en accionistas de las nuevas empresas.
Marcos legales inadecuados y capacidades de hacer cumplir la ley insuficientes son obstáculos importantes al desarrollo económico. Los conceptos básicos de propiedad y obligaciones contractuales requieren una fuerte base legal en las economías de mercado.
El marco legislativo es también fundamental en lo que concierne a las formas de asociación económica, género, tenencia de tierras, relaciones comerciales, financiación y garantías, sistemas de quiebra, protección de los consumidores y otros temas.