Global Forum on Food Security and Nutrition (FSN Forum)

Título de la experiencia

Análisis del comportamiento de las instituciones coordinadoras de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina.

 

Cobertura geográfica

Regional

 

País(es)/Región(es) incluidos en la experiencia

Ecuador, Nicaragua y El Salvador.

 

Su afiliación

FAO

 

¿Cómo se han utilizado las VGRtF en su contexto? ¿Qué directrices específicas de las VGRtF fueron más relevantes para su experiencia?

Las Directrices Voluntarias en apoyo a la realización del Derecho a la Alimentación, se han utilizado como marco de referencia para desarrollar una investigación sobre el comportamiento que tienen las entidades coordinadoras de la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) a nivel nacional y su comportamiento con otros actores vinculados a la SAN.

 

Se han tomado en cuenta las siguientes directrices:

Directriz 3: En particular la directriz 3.2 para relacionar el marco legislativo y programático actual de los países con el funcionamiento que mantiene la arquitectura nacional y local de la SAN.

Directriz  5: En particular las directrices 5.1, 5.2 y 5.4; las cuales han sido tomadas como guía estructural para analizar el comportamiento institucional propuesto desde el marco legal e institucional y compararlo con el comportamiento que mantienen las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en la práctica.

Directriz 6: Al tomar en cuenta el enfoque propuesto por los Estados para facilitar la participación de otros interesados (sociedad civil y sector privado) para trabajar en conjunto.

 

Breve descripción de la experiencia

Esta experiencia ha sido desarrollada durante cuatro años de investigación, a través de la cual se analizaron los acuerdos de gobernanza que buscan organizar la actuación institucional vinculada a la SAN.

 

En la práctica, la conformación de estructuras interinstitucionales de la SAN ha registrado procesos diferenciados en América Latina. Los motivos por los que la región no avanza a la misma velocidad, a pesar de tomar acciones similares, es un llamado a la reflexión y a identificar qué factores son importantes para desarrollar una adecuada arquitectura de la SAN. Para identificar dichos factores, se desarrollaron investigaciones paralelas en Ecuador, Nicaragua y El Salvador, identificando el comportamiento de las instituciones coordinadoras de la SAN propuesto desde los marcos legales e institucionales y comparándolo con el relacionamiento reconocido por los actores involucrados en la gestión de la SAN.

 

¿Quién participó en la experiencia?

En cada uno de los países mencionados participaron actores relevantes vinculados a las entidades coordinadoras de la SAN a nivel nacional y local. Los actores fueron identificados bajo la guía de las representaciones de FAO en los países.

 

¿Cómo participó la población más afectada por la inseguridad alimentaria y la malnutrición?

Varias organizaciones de la sociedad civil que forman parte de los comités de la SAN fueron entrevistados.

 

Actividades principales

• Análisis del marco legislativo y programático actual de la SAN en los países en estudio.

• Entrevistas a actores relevantes para identificar el relacionamiento interinstitucional existente.

• Análisis comparativo del relacionamiento propuesto en el marco legal y el relacionamiento alcanzado después de 5 años de entrada en vigencia del marco legal.

 

Calendario

La investigación inició a finales de 2013 y finalizó en junio de 2017

 

Resultados obtenidos

Para obtener los resultados de esta investigación fueron entrevistados alrededor de 70 actores clave de las estructuras nacionales de la seguridad alimentaria y nutricional en Ecuador, Nicaragua y El Salvador.

 

En el análisis del comportamiento de los actores relacionados con la gobernanza de la seguridad alimentaria en los países mencionados se observa que no se alcanza el comportamiento institucional propuesto en los marcos legales. A pesar de que los marcos legales e institucionales impulsan un liderazgo compartido no se ha logrado consolidar la interdependencia prevista. Esto resalta la importancia de que la visión integral y el compromiso político que se otorga al combate al hambre, debe trascender  la formulación y aprobación del marco legal. Así también, la correcta implementación de la estructura institucional de la SAN debe ir acompañada de capacidades técnicas y recursos suficientes para cumplir con las responsabilidades que se otorgan. Así también se observaron ciertas tensiones institucionales al momento de asumir el liderazgo compartido de la red de la SAN. Estas dificultades se pueden presentar por el liderazgo tradicional de ciertos ministerios sectoriales y la desconexión que puede existir entre estos.

 

Estos estudios demostraron que los procesos en marcha de la SAN generan redes de actores interdependientes entre el sector gubernamental y la sociedad civil, en las cuales, los ciudadanos recobran incidencia en la toma de decisiones a través de su partición en espacios de diálogo que trascienden la jerarquía tradicional. En otras palabras, el Estado no desaparece, sino que crea mayores y mejores mecanismos de participación y compartimento de responsabilidades con la sociedad civil, considerándola como un actor de su misma jerarquía. De los países analizados se comprende que la organización ciudadana es fundamental para resolver problemas complejos como el hambre, pero en ninguno de los casos los actores sociales logran romper las asimetrías de poder en la toma de decisiones.

 

Por otra parte el sector privado está considerado en gran parte de los marcos institucionales, pero su representatividad en la práctica se ve mermada o reducida a la mínima expresión. El comportamiento observado en los países demuestra falencias al momento de incorporar al sector privado dentro de las redes de actores de la SAN, y cierta apatía por una parte del sector privado por reconocer estas redes como posibles aliados.

 

Dentro de los resultados principales, se puede considerar que resulta indispensable contar con instrumentos legales y normativos adecuados, que se conviertan en el anclaje propicio para la implementación de políticas y programas que superen los ciclos políticos de cada país. Estos marcos legales, deben ser instrumentos facilitadores de procesos que permitan una construcción gradual de la estructura institucional y que faciliten instrumentos flexibles  para que ningún actor se quede fuera de las redes nacionales de SAN y que ninguna responsabilidad quede desatendida.

 

Esto demuestra que la construcción, aprobación y puesta en marcha de los marcos legales relacionados con la SAN, no debe ser un esfuerzo solitario, ni responder a un momento político en específico. La puesta en marcha de los marcos legales deberá ser posterior a la construcción de consensos políticos e institucionales que aseguren su cumplimiento. Adicionalmente, es importante consolidar los espacios de interacción entre gobierno, sociedad civil y sector privado. Estas estructuras deben conformar un aparataje institucional coherente entre el organigrama gubernamental y la organización social existente, desde donde se promueva la reducción de asimetrías en los procesos de toma de decisión y la correcta articulación entre oferta pública y la demanda social.

¿Qué mecanismos se han desarrollado para supervisar la realización del Derecho a la alimentación?

Para analizar los procesos de gobernanza entre las entidades coordinadoras de la SAN con otros actores de la sociedad civil y el sector privado se utilizó el análisis de redes de políticas.

 

¿Qué buenas prácticas recomendaría para obtener resultados exitosos?

Para favorecer el adecuado funcionamiento de la arquitectura institucional relacionada con la SAN se recomienda:

 

• Mapear el escenario actual de interrelación entre los actores vinculados a la SAN, esto implica reconocer el comportamiento de actores y los posibles cuellos de botella que impiden que otros actores se incorporen.
• Fortalecer la normativa de la SAN estableciendo un enfoque amplio que permita una construcción y adaptación constante y gradual de las estructuras de la SAN.
• Iniciar la construcción de la arquitectura interinstitucional desde los espacios donde ya existan interrelaciones y corresponsabilidad entre actores.
• Promover una adaptación progresiva de las dinámicas de gobernanza, incrementando de forma gradual la interdependencia entre actores.
• Incorporar al sector privado en los procesos de planificación, negociación e implementación de iniciativas de la SAN.

Title of the experience   

The South Asian Dialogue on the Right to Food

Geographical coverage

(Sub-)Regional (South Asia)

Country(ies)/Region(s) covered by the experience

Bangladesh, India, Nepal, Pakistan

Your affiliation

FAO

How have the VGRtF been used in your context? Which specific guidelines of the VGRtF was most relevant to your experience?

All Guidelines, in particular guidelines 3.8, 3.10 as well as 2, 5, 7, 11 and 17

Brief description of the experience

The event was jointly organized by FAO and Oxfam. The Dialogue called for the participation of over 40 members from government, national Right to Food networks of civil society organizations and movements, academia and think tanks, from four countries in the region India, Nepal, Pakistan and Bangladesh with the aim to promote an emerging right to food community of practice for improved food security in South Asia.

The event allowed for a reflection over issues related to global, regional and national standards, policy processes and relevant thematic areas which could serve as entry-points for further action and strengthened commitment on the right to food at national level.

The Dialogue showed that challenges however are complex and multi-faceted:

- Poor policy implementation, coherence and harmonization;

- Insufficient allocation of resources, inefficient targeting of beneficiaries and exclusion of specific groups of social protection schemes and safety nets are obstacles to ensure effectiveness and sustainability;

- Weak tenure rights, especially in regards to customary tenure, and land-grabbing by national or multinational actors;

- Lack of proper information channels to inform and increase general awareness on this human right avoiding common misconceptions;

- Insufficient coordination among stakeholders for more integrated action both at national and regional level;

- Weak monitoring and redress mechanisms.

Who was involved in the experience?

UN, government, national Right to Food networks of civil society organizations and movements, academia and think tanks

How were those most affected by food insecurity and malnutrition involved?

Participation of CSOs representing food insecure and malnourished segments of the population. Moreover, the event covered specific topics aiming at putting emphasis on most vulnerable groups:

1) the rights of vulnerable and extreme poor to access social protection, food security and nutrition;

2) policy and implementation gaps; and

3) access to productive resources and rights of farmers.

Main activities

One-time regional event

Timeframe

23-25 Dhaka, Bangladesh, November 2015

Results obtained/expected in the short term, with quantitative aspects where feasible (estimate of the number of people that have been or will be affected)

The Dialogue concluded with an explicit commitment from all participants to continue working on the right to food and an agreement on the added value of a community of practice on the right to food in South Asia. People affected equal to the population of the 4 countries involved.

Results obtained/expected in the medium to long term, with quantitative aspects where feasible (estimate the number of people that have been or will be affected)

The group agreed to work towards a twofold objective to both strengthening national level advocacy, coherence and coordination, whilst begin to systematically and increasingly engage at the regional level. People affected equal to the population of the 4 countries involved.

Results obtained – most significant changes to capture

The event showed how working towards the achievement of the right to food has the benefit and advantage to identify gaps in a wide-range of collateral issues to food security and nutrition, as well as other fundamental human rights, such as social protection, land tenure (grabbing), information, monitoring practices, budgets, laws and policies, and coordination. This is because to talk about the right to food means to talk about all aspects related to the ability of people to be free from hunger, whether through economic means of self-procurement or access to food (e.g. local markets).

For instance, the following are participants’ perspectives on the way forward:

1. An important challenge identified by a number of participants from different countries was related to the weakness of targeting schemes, which were attributed to different causes. A solution proposed was to create open databases, which would enable people to challenge their accuracy. Another obstacle was the lack of information, to which the use of mobile phones and radios were thought of as solutions. Also, the group saw an important role for Non-governmental Organizations to help organize vulnerable people who have little time to do so. Other obstacles identified touched on: the size of allocations, which are currently too little; politically based bias and corruption; discrimination towards certain groups; and the need for stronger monitoring systems.

2. In line with the question, each group presented its findings on a country basis. For Pakistan, an obstacle identified was related to the limited scope of the BISP, which the country would like to increase considerably over the coming years. It was explained that separate allocations are given to internally displaced populations while the targeting is carried out through a scorecard system and a yearly survey. In Nepal, targeting was identified as the main challenge. Other challenges touched on the lack of information and awareness raising for vulnerable groups as well as the absence of local elections for more than a decade. As for India, the lack of coherence and harmonization between selection criteria from different state governments was stressed as an obstacle to the implementation of good policies and laws. Also, the universalization of programmes without an increase in budget, as well as awareness raising, were some of the other main challenges. In Bangladesh, while there are a great number of social protection schemes, two important challenges were related to the lack of entitlements as well as the lack of focus on the needs of the most vulnerable. Also, the lack of implementation guidelines as well as the prevalence of political influence at the local level were seen as a considerable impediment.

3. An important challenge was the lack of tenure security. In turn, several related challenges were identified, such as land grabbing by companies or individuals and the lack of recognition of customary tenure rights. In the case of Nepal, a related obstacle was the absence of a centralized database which would allow for verification of the amount of acres that are owned.

What are the key catalysts that influenced the results?

The powerful role of right to food networks at national level, the commitment of government in the region to move the right to food agenda at national level forward, the capacity of participants to mobilize even more commitment to continue addressing major issues that affect the right to food in the region.

What are the major constraints/challenges for achieving the Right to Food?

The absence of a regional mind-set in South Asia, as well as the absence of any regional economic, social and cultural mechanism/organization/entity through which the right to food could be actively promoted (see for instance the role of Parliamentary Fronts against Hunger in Latin America, or the ECOWAS in Africa).

What mechanisms have been developed to monitor the Right to Food?

After intense discussions, participants acknowledged that while some other regional experiences were informative, South Asia does not have similar governmental-led regional processes. As such, an emphasis should be placed on strengthening social movements at the national level and, over time, seeing to an organic mobilization at the regional level, also needed for monitoring purposes. Still, the group stressed that it does not mean that national processes cannot be dealt with at a regional level, with assistance from one another. As for a Community of Practice (CoP) in South Asia (the potential goals set forth by the Dialogue), the group identified two levels at which it could be considerably useful:

1. to help strengthen work at the national level through such regional cooperation; and 2. to work on regional issues such as cross-border matters and regional commitments already pledged but currently dormant.

The event allowed to discuss that such a regional collaboration should start with a limited number of countries, then gradually reach out to other South Asian countries and organize events in external countries such as Thailand, with the assistance of FAO, so as to allow for the representation of all countries. As countries have common problems and face similar challenges, there are many opportunities to learn from each other’s experiences, by dealing jointly with cross-border issues and eventually developing a common understanding and agenda at a regional level. Such a regional network should be achieved through an organic process and that the current emphasis should be placed on strengthening national networks. The event also emphasized the need for increased regional awareness and collaboration as a way to strengthen capacities of local networks.

To conclude, participants and organizers alike stressed the potential for and need of further and deeper cooperation among the different actors in the South Asian region.

What good practices would you recommend for successful results?

The Dialogue allowed to highlight a number of good practices in the region at the national level over the past few years, both in terms of establishing frameworks and reducing the number of hungry people. In terms of frameworks, several positive developments took place, including the adoption of the Nepalese Constitution that explicitly guarantees the right to adequate food; the strengthening of the Indian legislative frameworks with laws such as the National Food Security Act and the National Rural Employment Guarantee Act; and the consolidation of a number of policies and programmes in Bangladesh and Pakistan, including the National Social Safety Net Policy in the former and the BISF in the latter. While some are very recent, others are currently aiming to improve their respective implementation and increase their outreach. As for the reduction in the number of hungry people, there has been encouraging progress, as exemplified by Bangladesh meeting the first Millennium Development Goal target to halve the proportion of hungry people. Still, a lot more remains to be done to ensure that everyone in the sub-region enjoys his or her right to adequate food. A range of actions could be evaluated to strengthen the implementation, efficiency and outreach of current policy and legislative frameworks pertinent for the right to adequate food, as well as to follow a human rights based approach to develop new and additional measures to progressively realize the right to adequate food for all, especially for vulnerable and marginalized groups. As such, further work could be aimed at strengthening the capacity level and the backbone of civil society’s national structures on the right to food, building on recent progress in the sub-region and learning from neighboring countries’ experiences so as to empower right holders to claim their rights and duty bearers to meet their obligations. While sub-regional meetings such as this dialogue and the previous SARFC are great occasions to increase such collaboration, and networking between civil society movements already exists through informal channels, the aim should be to considerably expand the scope and to consolidate this collaboration in a systematic manner. Increasing the awareness, outreach and mobilization of grassroots movements on right to food related issues would enable a greater impact on the elaboration and implementation of legislative and policy processes related to the right to food.

Links to additional information

Full report of the Dialogue available at this link: http://www.fao.org/3/a-i5602e.pdf (English only).

Título de la experiencia

Generando acuerdos para la aprobación de la Ley Marco del Derecho Humano a la Alimentación y de la Seguridad Alimentaria y Nutricional – Expediente 20076

Cobertura geográfica

Nacional

País(es)/Región(es) incluidos en la experiencia

Costa Rica

Su afiliación

Parlamento: Frente Parlamentario contra el Hambre de Costa Rica (FPH-CR)

¿Cómo se han utilizado las VGRtF en su contexto? ¿Qué directrices específicas de las VGRtF fueron más relevantes para su experiencia?

Tanto el primer texto del proyecto de ley, como los ajustes integrados en el texto sustitutivo consideran las Directrices como el marco orientador para abordar materias como: sistemas de mercado (directriz 4), instituciones, obligaciones del Estado y marcos legales (directrices 1 , 5 y 7), partes interesadas, participación, educación y sensibilización (directrices 6 y 11),  acceso a recursos y servicios y sostenibilidad (directriz 8) Inocuidad, protección al consumidor y  nutrición (directrices 9 y 10), protección social (directrices 13 y 14) y sistemas de seguimiento (directriz 17). La constante relación y apoyo técnico de la FAO en Costa Rica, el Programa Mesoamérica sin Hambre y del Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, que funge como secretaría técnica del Frente Parlamentario contra el Hambre a nivel regional han coadyuvado en el desarrollo en el marco jurídico sobre el Derecho Humano a la alimentación. Tanto el aprovechamiento de espacios políticos oportunos, como el Encuentro Mesoamericano del Frente Parlamentario contra el Hambre para impulsar el proyecto de ley y apoyar su discusión, tras su introducción en la Asamblea Legislativa, han sido ideales para el avance de la Iniciativa, expediente 20.076. Máxime cuando la discusión del proyecto incluye diferencias de opinión, ideologías y perspectivas sobre lo que este marco legal debiera abordar y regular. Por ello, a inicio del 2017, se efectúa un proceso de discusión y adecuación de la iniciativa de ley que pretendía la inclusión de recomendaciones al texto legal originalmente presentado para con esto lograr su fortalecimiento, así como mayor comprensión y viabilidad política de los temas incluidos en la iniciativa de ley para su aprobación. Este proceso también ha contado con el apoyo conceptual que las Directrices otorgan, permitiendo concentrar la discusión en las materias técnicas, reduciendo las controversias ideológicas y dándole un sustento conceptual a la discusión. En definitiva, las Directrices señaladas anteriormente, han sido cruciales para continuar el proceso de discusión y buscar consensos en el seno de la Asamblea Legislativa, en el Poder Ejecutivo, además con actores de la sociedad civil e de la institucionalidad nacional, interesados en el proyecto de ley 20.076.

Breve descripción de la experiencia

El Proyecto de ley presentado ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en su génesis contó con el respaldo de diversos actores, pertenecientes a la academia, ministerios, instituciones autónomas, asamblea legislativa, municipalidades y grupos organizados. En consecuencia, la propuesta de ley es el resultado del trabajo participativo. Tras la presentación de la iniciativa de ley en el Parlamento, al considerar su gran incidencia en diversos ámbitos de la vida nacional, como: la industria alimentaria, la producción alimentaria, indicadores en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la organización de la administración pública, el sistema de justicia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, entre otros; el proyecto genera discrepancias entre algunos sectores relacionados con el tema y en estos divisiones internas, las cuales lejos de alarmar a los parlamentarios y a las parlamentarias que lideran el impulso de esta iniciativa, esta situación se entendió como oportunidad de debatir, de conversar, de integrar en este dialogo aún más a la opinión de la población costarricense, siendo esto, además, un asunto usual en el contexto democrático, necesario para su fortalecimiento, de lo cual Costa Rica es garante y ejemplo mundial. Es así como el FPH-CR, inicia un proceso de consultas desde el año 2016, en el contexto del trabajo legislativo de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y de Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa, en la figura del expediente 20076, comisión presidida por la coordinadora subregional del FPH para Mesoamérica y de la cual también es miembro el Legislador Javier Francisco Cambronero Arguedas.

Con el ingreso a la Comisión Legislativa de las respuestas tras las consultas efectuadas, se retoman las sugerencias ofrecidas en el seno legislativo para elaborar un informe de subcomisión, liderado por el diputado Javier Cambronero Arguedas, como resultado de nueve (9) sesiones de trabajo. Dicho informe ha sido apoyado y aprobado de manera unánime por la Comisión Legislativa, el pasado mes de setiembre. Empero, queda ahora consensuar la votación del texto sustitutivo construido por la subcomisión para el Proyecto de Ley aquí en cuestión, con la mirada puesta en la necesidad que permanezca, el espíritu de la propuesta inicial, en el entendido de buscar los mayores consensos posibles para atender la realización progresiva del derecho humano a la alimentación, así como los mecanismos que permitan su justiciabilidad, una mayor participación ciudadana, así como mecanismos que permitan una mayor articulación interinstitucional, para el control de la eficiencia y la eficacia de la inversión pública en materia San, y desde luego sus impactos en la población costarricense.

Actualmente, el sector agroindustrial muestra disconformidad con la iniciativa de ley, por lo que se ha procedido a partir del 2 de octubre de 2017, con el apoyo de un negociador independiente que tiene como función conciliar las posiciones opuestas a la iniciativa de ley, manifestadas por cámaras del sector privado, pero también, entorno a posiciones del Poder Ejecutivo, la academia, Municipalidades y desde luego la sociedad civil, en el ejercicio para lograr un consenso más amplio y hacer viable la aprobación de este marco legal.

En consecuencia, la experiencia que se presenta aún está en proceso, ya que el negociador se encuentra actualmente generando diálogos por separados con cada uno de los sectores y actores clave con el propósito de consensuar un texto sustitutivo que pueda continuar su curso en la Asamblea Nacional, hasta lograr su aprobación.

¿Quién participó en la experiencia?

La experiencia ha sido liderada por el Poder Legislativo a través de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y el Frente Parlamentario contra el Hambre, sin embargo, resulta innegable el esfuerzo de todos los sectores que desde un inicio construyeron el proyecto de ley, en el entendido de la necesidad de acuerdos, por lo que se incluye al Gobierno, la sociedad civil, la academia, municipalidades, grupos organizados y el sector privado. Además, la FAO ha estado permanentemente brindando apoyo técnico, aunado al apoyo de otras instancias internacionales.

¿Cómo participó la población más afectada por la inseguridad alimentaria y la malnutrición?

Organizaciones de la sociedad civil, que de alguna manera representan los sectores más afectados por la inseguridad alimentaria y nutricional, o bien, que se encuentran en el ámbito de la SAN. Estas OSC han estado activamente participando, con lo cual, se ha potenciado y articulado vínculos con el sector rural y pequeños productores, canalizados además en el trabajo de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales.

Actividades principales

Trabajo en comisión y en subcomisión, trabajo del equipo redactor de la iniciativa de ley, foros, reuniones bilaterales y sesiones con el mediador.

Calendario

Inicia en setiembre de 2015, con las sesiones de trabajo para la elaboración del texto de iniciativa de ley, continua en agosto 2016, con la presentación de la propuesta de ley en la Asamblea Legislativa y continua en el 2017, actualmente con el consenso para la aprobación de un texto sustitutivo.

Resultados obtenidos/esperados a corto plazo, facilitando datos cuantitativos si es posible (estimación del número de personas que se han visto o se verán afectadas)

En el proceso han participado cientos de personas, a través de foros, talleres y reuniones en el contexto de la comisión y de la subcomisión legislativa y del FPH-CR, se estima que alrededor de 300 personas han estado presentes directamente en el proceso, en donde se ha realizado un análisis completo de la institucionalidad, de las leyes que el país ostenta en materia SAN y de sus programas, lo que ha permitido un mejor conocimiento de la necesidad de un sistema SAN que fortalezca a todo lo existente.

Resultados obtenidos/esperados a medio-largo plazo, facilitando datos cuantitativos si es posible (estimación del número de personas que se han visto o se verán afectadas)

Con la aprobación del expediente N.º 20.076, el impacto afectará a toda la población costarricense, calculada en unos 4.8 millones de personas. Por tal razón, los esfuerzos que se desarrollan giran en torno a que a mediano plazo se logre un texto consensuado, susceptible a ser aprobado por la Comisión, recuérdese que ya el informe de subcomisión ha sido aprobado de manera unánime, y la Asamblea, para que incorpore los temas claves que se requieren con el objetivo de garantizar la realización progresiva del derecho humano a la alimentación en el Costa Rica.

Resultados obtenidos (cambios más significativos)

Inicialmente, el materializar un inventario de la legislación costarricense y los proyectos que tienen correlación con la SAN. En este sentido, se detectan cerca de 60 leyes y más de 100 programas con lo que el Estado Costarricense atiende a la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Por otra parte, el diálogo entre los sectores, la comprensión de la realidad costarricense, y desde luego, los espacios para el debate y el análisis de la propuesta, con la mirada puesta en el uso que se hace de los fondos públicos, con el objetivo que estos sean utilizados de manera más eficaz y eficiente, cuantificando su impacto real, pero a la vez direccionando estas inversiones de manera que incidan realmente en la población que más lo necesita. Finalmente, no se omite que la presentación del informe de subcomisión en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales se vislumbra como un resultado importante, ya que acerca a las partes en la construcción de una propuesta más robusta, a pesar de los embates del sector privado representado en sus cámaras quienes buscar el archivo del expediente 20.076.

¿Cuáles son los agentes catalizadores clave que influyeron en los resultados?

El más importante un grupo de parlamentarios de distintos sectores políticos, quienes trabajan en conjunto para impulsar un objetivo en común, con vínculos estratégicos con actores sociales. Por otra parte, el Poder Ejecutivo, el cual ha respaldo la iniciativa de ley, en las figuras de ministros y viceministros quienes sean integrado en los procesos asociados con la propuesta de ley, desde luego la Presidencia de la República, la cual ha apoyado la convocatoria de la iniciativa aquí en cuestión. Se suma la academia, quienes con sus aportes han coadyuvado en la construcción del proyecto de ley 20.076 y desde luego la FAO, quien, de manera neutra, ha brindado el apoyo técnico, tanto en el proceso de génesis de la iniciativa, así como en el avance de la propuesta de ley aquí en cuestión.

¿Cuáles son los principales obstáculos/desafíos para la realización del Derecho a la alimentación?

El mayor desafío corresponde a la falta de articulación interinstitucional, producto del obstáculo manifiesto en la ausencia de una regulación moderna, útil y de consenso entre los distintos actores, lo cual hace visible que las atenciones a la población no obtiene los resultados esperados, además que estos no pueden ser cuantificados para determinar su real impacto, a pesar de los esfuerzos que se desarrollan y de los recursos que se disponen para la atención de lo que contempla la SAN y el Derecho Humano a la Alimentación.

¿Qué mecanismos se han desarrollado para supervisar la realización del Derecho a la alimentación?

Trabajar con la academia, organismos internacionales especialistas y con la institucionalidad pública, sin dejar de lado el criterio de la población y sus grupos organizados, quienes al final de cuestas son los receptores de los esfuerzos que las diversas instancias y sectores realizan a nivel nacional, con lo cual se mantiene una observación constante de la situación del derecho a la alimentación en el país.

¿Qué buenas prácticas recomendaría para obtener resultados exitosos?

La articulación interinstitucional, como mecanismo para la puesta en marcha de acciones que realmente impacte en los puntos focales que merecen de atención. Así como mantener el trabajo constante para la búsqueda de acuerdos éntrelos diversos sectores relacionados con la SAN y el DHA. El enfrentar muchos desafíos institucionales, a pesar de que el tiempo transcurra sin aparentes grandes avances, no debe desalentar, sino más bien retomar esta condición como una oportunidad para la mejora tanto institucional, como de los diversos sectores que se relacionan bajo la sombra de la SAN y el DHA. Buscar consensos, discutir y debatir con los distintos actores sin prejuicios ni condiciones previas son elementos esenciales en este tipo de contextos.

Enlace a información adicional

http://parlamentarioscontraelhambre.org/frentes/nacionales/costa-rica/

Title of the experience   

The Right to Food around the Globe

Geographical coverage

Global

Country(ies)/Region(s) covered by the experience

194 FAO member states

Your affiliation

FAO

How have the VGRtF been used in your context? Which specific guidelines of the VGRtF was most relevant to your experience?

On the one hand, some of the international instruments that are evoked in The Right to Food around the Globe are presented in the Introductory part of the Guidelines as relevant documents that served as basis for the elaboration of the Guidelines by FAO member states.

On the other hand, Guideline 7 (Legal Framework) and monitoring its implementation served as a reason why The Right to Food around the Globe was conceived and developed. Constitutions represents a key pillar of legal frameworks and are referred to prominently in Guideline 7.

In addition, several other Guidelines deal with specific issues that are captured in The Right to Food around the Globe, more specifically when examining implicit protections of the right to food, such as Guidelines 8 (Access to resources and assets), 13 (Support for vulnerable groups) and 14 (Safety nets).

Brief description of the experience

Filling a void that had been present at global level since the entry into force of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, a collaborative effort led to the development of an online tool (The Right to Food around the Globe) that showcases the current global situation related to constitutional protections of the right to adequate food in FAO member states.

It was seen as important for a number of reasons, among which the necessity to better monitor results of the work on legislative frameworks across the globe. Considering that constitutional protection of the right to food represents the strongest form of national legal protection that a State can ensures, as constitutions are considered the fundamental or supreme law of countries, a tool such as The Right to Food around the Globe was needed in order to make readily and easily accessible such key information to concerned actors. FAO was the natural place for such a global tool, as it falls in line with its mandate as the key global institution working on the realization of the right to adequate food.

The intent was to make The Right to Food around the Globe as user-friendly as possible so that the broadest possible range of actors could have access to and understand the information, whether it be a representative of a NGO who is trying to advance the right to food in his/her country and want to know what is already there nationally or get inspiration from neighboring countries; or a civil servant who is trying to plan a project on food security and nutrition in line with national commitments; or a citizen, who is trying to understand what he/she can rely upon to ensure his/her right to adequate food is realized; or a private entrepreneur who wants to collaborate with a country while being mindful of the country’s obligations towards human rights.

Over a period of two years, a methodology was established based on normative work developed by FAO and its partners over the years, every constitution was researched and analyzed based on the methodology while the pertinent information as well as original documents (and translated versions when available), were introduced in The Right to Food around the Globe, which was launched online on Human Rights Day in 2014. Meanwhile, during CFS 41 that took place the same year to mark the 10 Year anniversary of the Right to Food Guidelines, CFS Member countries adopted a decision text entitled “Right to Food – Ten Year Perspective” (see page 14 for the Decision Box) which reaffirms their commitment to implement the Right to Food Guidelines and strive for the realization of the right to adequate food in the years to come.

Who was involved in the experience?

It was mainly done through an in-house collaboration amongst different divisions of FAO. The documents that are contained in The Right to Food around the Globe are national constitutions of FAO member states.

How were those most affected by food insecurity and malnutrition involved?

As it contains the national constitution of each FAO member state, where applicable, as well as quotes from key provisions that are closely related to the right to adequate food, it offers a tool that any actor can use to further promote and advocate for the right to adequate food of all. At country level, those most affected by food insecurity and malnutrition are directly impacted by provisions contained in the national constitution, as their fundamental rights are expressed and protected therein. As such, The Right to Food around the Globe contains valuable information, especially for CSOs that work closely with those most affected by food insecurity and malnutrition.

Main activities

The development of an online tool (The Right to Food around the Globe) that provides a platform where what is constitutionally committed to on the right to adequate food at the national level can be found. For each FAO member state, anyone can find quotes of relevant articles on the right to adequate food as well as the ratification status of some key international instruments. It thus provides a one-stop site where every national constitutional protection can be found and further explored.

Timeframe

Ongoing

Results obtained/expected in the short term, with quantitative aspects where feasible (estimate of the number of people that have been or will be affected)

A greater understanding of what constitutional provisions currently exist in different parts of the world to provide protection and incentives towards the realization of the right to food. Furthermore, besides providing such an overview and a detailed methodology, it also provides a baseline upon which future work on legislative framework can monitor tangible progress on the constitutional protection of the right to food.

Results obtained/expected in the medium to long term, with quantitative aspects where feasible (estimate the number of people that have been or will be affected)

With the increased legislative work that has been done on the right to food at country level across different regions in the past decade, showcasing key information on constitutional protection for the right to food and different ways with which a broad variety of countries are doing it, may inspire other governments to follow suit. While its primary purpose is to make readily available and easily accessible the information for a broader audience while providing a baseline to monitor the results of efforts towards the realization of the right to food, especially here in FAO, it is possible and hoped that key actors may build on the momentum. Moreover, it could be expanded to include other key facets such as national laws, policies and programmes that directly contribute to the realization of the right to food, which is fundamental to properly monitor results achieved by FAO’s work.

Results obtained – most significant changes to capture

A key change that has happened over the past few years, while not directly related to The Right to Food around the Globe (although reflected in it), is a greater understanding of the role that legal protection of the right to adequate food, and constitutional guarantees more specifically, plays in progressively realizing the right to adequate food. There is less apprehension and misunderstanding in relation to the constitutional protection of the right to adequate food, whether it be through explicit or implicit protections or directive principles of state policy.

What are the key catalysts that influenced the results?

One such catalyst is the amount of awareness-raising and capacity-building on the right to adequate food that has taken place over the past decade. As such, an ever growing number of actors (from a panoply of professional fields) as well as countries have become central actors promoting proactive measures towards the realization of the right to adequate food. Also, dissemination efforts on progresses, such as is done for constitutional protections in The Right to Food around the Globe, have led to a greater understanding of the wide-range of actors involved in the realization of the right to food at different levels.

What are the major constraints/challenges for achieving the Right to Food?

As for The Right to Food around the Globe, while challenges arose during the planning and development phases, a major constraint resides in ensuring that adequate resources are allocated to ensure that it is maintained up-to-date and, possibly, even expanded to include other key facets such as national laws, policies and programmes that directly contribute to the realization of the right to food. This way, it would greatly improve the visibility of key results in advancing the progressive realization of the right to food as well as enhance monitoring efforts towards achieving that global objective that is central to FAO’s mandate.

What mechanisms have been developed to monitor the Right to Food?

The Right to Food around the Globe in itself provides for the monitoring of constitutional provisions at country level in each FAO member state. Hence, it showcases the global situation of a crucial legislative element for the realization of the right to adequate food at country level, which is to say constitutional guarantees that usually represent the highest possible national legal protection that can be afforded.  

What good practices would you recommend for successful results?

In order to undertake a proper monitoring of actions, baselines are required. As such, by developing The Right to Food around the Globe and keeping it updated, the monitoring of tangible legislative actions (such as constitutional amendments or adoptions) can be done, which reflects an important constitutional protection that is provided to the right to adequate food at country level across the globe, while it may be very seldom mentioned or detailed.

Some of its key features are a clear methodology that is easily accessible and based on previous normative work by FAO and its partners, clear information that reflects exactly what is contained in the different constitutions without judgment of interpretation, access to pertinent additional information and tools to facilitate the comprehension of what is presented and detailed, and an adequate amount of consideration for the dissemination of the information as well as resources to ensure its proper functioning over time.

Links to additional information

The Right to Food around the Globe: http://www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/en/

Title of the experience   

The role of the United Nations Special Rapporteur on the Right to Food (UNSR RTF) in providing regional fora for dialogue on the right to food

Geographical coverage

Regional

Country(ies)/Region(s) covered by the experience

Latin America, Africa

Your affiliation

FAO

How have the VGRtF been used in your context? Which specific guidelines of the VGRtF was most relevant to your experience?

The VGRtF were the basis to discuss how to make concrete steps forward towards the realization of the right to food at national level.

Brief description of the experience

With the idea of building bridges, providing incentives for dialogue, breaking silos and promoting cooperation across the borders, FAO co-organized with the OHCHR a number of events, in particular involving regional or sub-regional groups of expert, or to promote the interaction with the UN Special Rapporteurs on the Right to Food. Since 2011, three Regional Expert Consultations on the Right to Food were organized together with the UN OHCHR and the UNSR RTF in Colombia (2011), Kenya (2012), and Senegal (2013) bringing together more than 50 food experts, parliamentarians and policy-makers from each region.

Who was involved in the experience?

Government, institutions, UN organization, civil society/NGO, media, and in some instances donors.

How were those most affected by food insecurity and malnutrition involved?

Through the participation of CSOs and farmers organizations

Main activities

Dialogues, roundtable discussions, technical presentations, experience sharing, learning from best practices

Timeframe

2011-2013

Results obtained/expected in the short term, with quantitative aspects where feasible (estimate of the number of people that have been or will be affected)

Increased awareness and capacity and understanding on what it means in practice to progressively realize the right to food at country level.

Results obtained/expected in the medium to long term, with quantitative aspects where feasible (estimate the number of people that have been or will be affected)

Countries take actions in order to progressively realize the right to food at country level.

Results obtained – most significant changes to capture

These events offered a unique opportunity to a range of experts from different institutions and organizations, in different regions, to present practical solutions and concrete actions on ways to promote the right to food through legislation and strategies, as well as to strengthen accountability through monitoring and claims mechanisms. The main results of these consultations were a register of commitments by the participants to take concrete actions once back in their respective countries. Among such commitments: members of parliament would explore possibilities to create networks of parliamentarians; CSOs would identify possibilities to strengthen their networks on the right to food; Human Rights Commissions would seek dialogue with small scale farmers; farmers organizations would inform their networks about the right to food and its relevance.

What are the key catalysts that influenced the results?

The impartial role of the UNSR on the right to food, the commitment of countries towards the right to food and towards further discussing it, and sharing experiences, and taking action for its realization.

What are the major constraints/challenges for achieving the Right to Food?

These were discussed during the expert consultations and involve different technical areas or ranges of issues according to the national context which is key. Challenges can vary from political commitment, to lack of awareness and/or capacity, or lack of institutional mandates to monitor this human right, as well as little presence of civil society organizations dealing with food security and nutrition issues from a human rights perspective, etc.

What mechanisms have been developed to monitor the Right to Food?

Each country presented its own experiences during these events, including on monitoring the right to food.

What good practices would you recommend for successful results?

These events highlighted the importance of multi-stakeholder dialogue and what it means for countries to be able to share their experiences when an impartial broker (FAO, the UNSR) provides them a forum to do so. During these events parliamentarians, government officials, representatives of CSOs, human rights institutions and intergovernmental organizations, exchanged very rich and encouraging experiences on the practical aspects of the implementation of the right to food at national level. The constructive and trustful dynamic of this dialogue showed that it is possible to include all relevant sectors around one common agenda - the right to food as a reality for all - and to replicate this dynamic at the national level.

Links to additional information

http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20131025_rtf_en.pdf

http://www.fao.org/righttofood/our-work/current-projects/rtf-country-level/en/

http://www.fao.org/righttofood/news-and-events/news-detail/en/c/179363/

http://www.fao.org/righttofood/news-and-events/news-detail/en/c/124038/

País(es)/Región(es) incluidos en la experiencia

Guatemala

Su afiliación

Poder Legislativo: Frente Parlamentario contra el Hambre de Guatemala

 ¿Cómo se han utilizado las VGRtF en su contexto? ¿Qué directrices específicas de las VGRtF fueron más relevantes para su experiencia

- Desde sus inicios, las Directrices Voluntarias han sido una herramienta útil para apoyar el proceso, para lo cual ha sido fundamental el apoyo de la FAO, como el actor especialista en el contenido y la aplicación de las directrices.

- En esta experiencia, se revisaron principalmente aquellas directrices que se refieren a la obligación del Estado a generar políticas y estrategias integrales para la realización progresiva del derecho a la alimentación, así como aquellas que abordan temas más específicos. Entre éstas se puede mencionar:

• Directrices 4 y 8: en el proceso de discusión de esta ley se enfatizó el rol de la agricultura familiar y campesina. La ley contempla la adquisición de productos a la pequeña agricultura, que debiese en un plazo de 5 años abastecer en un 70% al programa, los principios contenidos en la directriz referida a mercados fueron usadas para argumentar jurídicamente estos temas;
• Directriz 6: Identifica las partes interesadas que deben ser consideradas en el engranaje institucional que la ley contempla, por ejemplo a través del fortalecimiento del rol de las organizaciones de padres de familia;
• Directriz 10: la nutrición se encuentra en el centro de la ley, y las Directrices referidas a este tema permitieron orientar la discusión desde la perspectiva jurídica, para darle importancia a la nutrición de los niños y niñas como parte del derecho a la alimentación y desde ahí poder establecer mecanismos para el seguimiento al estado nutricional de niños y niñas;
• Directriz 12: Incrementa sustantivamente el apoyo financiero del Estado en alimentación escolar, para garantizar la alimentación saludable en los menús;
• Directriz 13: la experiencia hizo uso de las Directrices Voluntarias para orientar la discusión hacia una ley que asumiera la universalidad del derecho a la alimentación, pero que al mismo tiempo pudiera dar una atención especial a los grupos vulnerables, quienes enfrentan mayores obstáculos en el ejercicio pleno de este derecho.

Breve descripción de la experiencia

Tras un trabajo dedicado y responsable de una serie de actores sociales, políticos, académicos y con el apoyo técnico de la FAO, se genera un documento de propuesta de ley de alimentación escolar, que a fines de 2016 inicia su trámite legislativo en el Congreso de la República.

En este escenario, el FPH del país adquiere un rol preponderante en el proceso de discusión, con el objetivo de argumentar los contenidos técnicos de la propuesta, afianzar el compromiso de los actores políticos con el proyecto, convocar a actores sociales y académicos a reforzar contenidos y garantizar principios esenciales y por sobre todo hacer viable políticamente la aprobación y promulgación de esta iniciativa.

Durante 2017 el trabajo del FPH de Guatemala se basó principalmente en el acompañamiento de la discusión legislativa, en la revisión de los artículos de la ley, en la profundización de los acuerdos con el Poder Ejecutivo para asegurar su correcta tramitación.

El FPH Capitulo Guatemala realizó la siguiente estrategia: mesas de trabajo, reuniones con sector privado, ejecutivo (Ministerio de Finanzas, Agricultura, Educación, Salud), sociedad civil para la debida incorporación y socialización de la ley.

La discusión por artículo fue una etapa crucial en el proceso, donde se sortearon los principales obstáculos referidos a la correcta financiación de este marco legal para su correcta implementación. El proceso culminó con el dictamen favorable de la ley el 27 de septiembre de 2017 y su publicación en el Diario Oficial, un mes después.

Actualmente el trabajo no ha concluido, sino que se está trabajo en apoyar los ajustes institucionales que se requieren para garantizar la aplicación de la ley.

¿Quién participó en la experiencia?

Parlamentarios y parlamentarias del Frente Parlamentario contra el Hambre de Guatemala de todos los partidos políticos, en alianza con actores sociales, académicos y grupos que han estado de una u otra manera vinculados a la alimentación escolar en el país. El apoyo de la FAO a través de la experiencia de las escuelas sostenibles jugó un rol importante.

¿Cómo participó la población más afectada por la inseguridad alimentaria y la malnutrición?

Hay que reconocer que la población más afectada suele estar ausente del debate de la política pública y sus marcos legales, por las limitaciones y barreras sociales y económicas que enfrenta. Aun así, y con el apoyo de la FAO, se aprovechó la organización comunitaria generada en torno a las escuelas sostenibles, para vincular a la población afectada al proceso de discusión del proyecto de ley. En concreto, organizaciones de padres y madres de familia, pequeños agricultores y maestros participaron de instancias de discusión y trabajo para enriquecer la ley y garantizar que ésta respondiera correctamente a la situación que les afecta en el ámbito de la inseguridad alimentaria y nutricional.

Actividades principales

 - Mesas de dialogo abiertas por el FPH.

- Viajes a campo

- Discusiones en comisiones

- Talleres y capacitación de integrantes del Frente Parlamentario contra el Hambre y sus asesores

- Cabildeo

Calendario

EN JUNIO 2017 SE TOMA ACCIÓN POR LA COORDINACIÓN DEL FPH CAPITULO GUATEMALA.

DEL 12 DE JUNIO AL 25 DE JULIO (MES Y 13 DIAS) SE HACEN 18 MESAS DE TRABAJO CON SECTORES PUBLICOS, PRIVADOS Y SOCIEDAD CIVIL PARA OBTENER UNA LEY CONSENSUADA.

EL 31 DE JULIO SE TIENEN Y HACEN ENTREGA A PRESIDENCIA DEL CONGRESO LAS 55 ENMIENDAS REALIZADAS AL ARTICULADO ORIGINAL DE 57 ARTICULOS, ES DECIR MAS DEL 95% DE LA INICIATIVA. ESTO CONTANDO CON LA APROBACIÓN DE LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN, SEGURIDAD ALIMENTARIA, AGRICULTURA Y SALUD VIGENTES PARA 2017 Y TODOS DE DIFERENTES BANCADAS, SIENDO ESTO UNO DE LOS PRIMEROS LOGROS POLITICOS PARA ESTA LEY.

02 DE AGOSTO SE CONOCEN EN EL PLENO LAS ENMIEDAS A LA LEY DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. SE COMIENZA LA PARTICIPACIÓN EN LA DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA NACIÓN 2018 DONDE SE EVIDENCIA QUE EL MINISTERIO DE FINANZAS OTORGA INCREMENTOS A INSTITUCIONES QUE NO SON PRIORITARIAS Y NO SUMA RECURSOS FINANCIEROS A LA LEY SIENDO SU PROPOSITO DEJARLO EN Q1.11 (US$0.15) POR NIÑO.

EL 29 DE AGOSTO PESE A LA CRISIS POLITICA EN EL PAIS SE APRUEBAN LOS TITULOS I Y II DE LA LEY. EL 31 DE AGOSTO ES APROBADO DEL TÍTULO IV AL VI.

EN EL MES DE SEPTIEMBRE CONTINUA LA CRISIS POLITICA, PERO A POCOS PASOS DE SER LEY, EL TRABAJO DE CABILDEO CONTINUA LOGRANDO ASI QUE EL 26 DE SEPTIEMBRE SE APRUEBA LA LEY DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, LA LEY DE ORDEN SOCIAL MÁS IMPORTANTE EN LOS ULTIMOS 20 AÑOS!!!! LA LEY QUE HACE AVANCES GIGANTESCOS PARA EVITAR LA DESNUTRICIÓN INCREMENTANDO POR MÁS DEL 75% EL MONTO DIARIO POR ESTUDIANTE ADEMÁS DE INCORPORAR LAS COMPRAS LOCALES A LA AGRICULTURA FAMILIAR PERMITIENDO ASI DINAMIZAR LA ECONOMIA RURAL.

EL 19 DE OCTUBRE ES PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL HACIENDOLA UNA LEY.

Resultados obtenidos/esperados a corto plazo, facilitando datos cuantitativos si es posible (estimación del número de personas que se han visto o se verán afectadas)

En el corto plazo se desarrollaron capacidades de tomadores de decisiones y legisladores en relación al derecho a la alimentación escolar, con una cobertura de alrededor de 200 personas y al menos 50 actores clave.

Resultados obtenidos/esperados a medio-largo plazo, facilitando datos cuantitativos si es posible (estimación del número de personas que se han visto o se verán afectadas)

En el mediano plazo, se considera que los hacedores de políticas vieron incrementadas sus capacidades para dar discusiones técnicas a favor del derecho a la alimentación a nivel parlamentario y con sus contrapartes del poder ejecutivo.

Resultados obtenidos (cambios más significativos)

El cambio más significativo es evidentemente la creación de un nuevo marco legal para la alimentación escolar en el país, el cual constituye un avance sustantivo, por ejemplo, en las siguientes áreas:

- Fortalece la organización de padres de familia y su rol en la educación y desarrollo nutricional de los estudiantes;

- Incrementa sustantivamente el apoyo financiero del Estado en alimentación escolar, para garantizar la alimentación saludable en los menús;

- Entiende la realización progresiva del derecho a la alimentación como un proceso integral, incorporando elementos de la economía local, ya que la ley considera la compra del 50% de los alimentos agricultura familiar (llegando al 70% en cinco años), incluyendo acuicultura y ganadería.

- La ley funge como un marco de protección social en el ámbito de la alimentación escolar que no existía en el país y que también tiene efectos en otros aspectos del desarrollo social.

Además, se logró sortear el obstáculo más importante y complejo, que era la falta de voluntad para dotar a la ley de una financiación adecuada, lo cual finalmente se logró alcanzar acuerdos para pasar de un gasto de 1.11Q por niño, a 3Q en 2018 y 4Q en 2019. En 2018 2.3 millones de niños contarán con alimentación saludable y se combatirá de manera directa la desnutrición crónica en niños en etapa escolar. ¿

Cuáles son los agentes catalizadores clave que influyeron en los resultados? Definitivamente el FPH Capitulo Guatemala con su nueva dinámica y una mezcla de actores políticos clave del poder legislativo, con el poder ejecutivo, ONGs, organizaciones sociales, sindicato de maestros, organismos internacionales como la FAO e INCAP.

¿Cuáles son los principales obstáculos/desafíos para la realización del Derecho a la alimentación?

Un obstáculo que se enfrenta anualmente es la debida financiación de las políticas y acciones para lograr la realización progresiva del derecho a la alimentación. En realización a esta ley, tendrá que enfrentar es la correcta asignación financiera para dar cumplimiento a la ley, lo cual debe ser monitoreado durante las discusiones del presupuesto de la República. El 30 de noviembre de 2017 debe quedar listo el proyecto de gastos para 2018 y por tanto éste es un momento importante en el desarrollo de este proceso.

Si bien esto no pone en riesgo la realización general del derecho a la alimentación en el país, ya que existen instituciones que continúan trabajando, sí constituye un obstáculo para el proceso que se está impulsando en el ámbito de la alimentación escolar.

Aunque no se apruebe un nuevo presupuesto para el año 2018 l lely establece que el Ministerio de Finanzas Públicas debe asignar los recursos provenientes de IVA PAZ para garantizar el cumplimiento de la ley.

¿Qué mecanismos se han desarrollado para supervisar la realización del derecho a la alimentación?

Además de la institucionalidad vigente, en el contexto de esta ley se creó una Mesa Técnica Interinstitucional responsable de la aplicación de la ley, que también debe hacer revisiones periódicas para lograr los aumentos financieros.

¿Qué buenas prácticas recomendaría para obtener resultados exitosos?

1. Alianza con actores clave que puedan apoyar en la información y desarrollo de capacidades, como fue la FAO en este caso;

2. Búsqueda de experiencias ya existentes para sensibilizar y fortalecer argumentos, como fue el caso de los pilotos de escuelas sostenibles de Guatemala;

3. Considerar al poder ejecutivo, a los actores sociales y a la academia, buscar instancias gubernamentales ya existentes, tratando de trabajar con las entidades que tendrán que liderar la implementación de la ley;

4. Ser flexibles y tolerantes ante las necesidades e intereses de los distintos actores.

5. Inclusión de todas las fuerzas políticas del Congreso. 6. Dialogo con todos los sectores incluido el sector privado.

Enlace a información adiciona

http://www.congreso.gob.gt/listado-de-noticias.php?type_id=272&type=diputados

http://www.mineduc.gob.gt/VICEDESPACHOADMINISTRATIVO/

http://parlamentarioscontraelhambre.org/en/frentes/nacionales/guatemala/

Título de la experiencia

Acciones para propiciar la discusión y aprobación de la propuesta de ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de El Salvador

Cobertura geográfica

Nacional

País(es)/Región(es) incluidos en la experiencia

El Salvador

Su afiliación

Parlamento: Frente Parlamentario contra el Hambre de El Salvador (FPH)

Comisión de Desarrollo Agropecuario de la Asamblea Nacional

¿Cómo se han utilizado las VGRtF en su contexto? ¿Qué directrices específicas de las VGRtF fueron más relevantes para su experiencia?

Las directrices voluntarias han sido usadas desde un comienzo para elaborar el primer ante-proyecto de ley. Se han recibido opiniones técnicas y apoyo conceptual de la FAO, tanto a nivel país como de parte de la oficina subregional en Panamá, la regional ubicada en Chile y de la Sede. Incluso expertos de la FAO han asistido a actividades nacionales para impulsar la propuesta de ley, con base en las directrices voluntarias y la guía para legislar en materia del derecho a la alimentación.

Los principios provistos por las Directrices y aquellas relacionadas con las estrategias nacionales, instituciones y marcos legales, participación de las partes interesadas, gestión pública y financiación han sido de particular importancia en la discusión de la ley. Las directrices que se refieren a cómo abordar la situación de los grupos vulnerables, así como las que se refieren a diferentes áreas de políticas (mercados, inocuidad, acceso a recursos y servicios, educación) también han sido un insumo fundamental para orientar la discusión.

Breve descripción de la experiencia

En 2012, y tras un proceso de construcción y fortalecimiento de la institucionalidad para abordar la situación de inseguridad alimentaria y nutricional en el país, se dio inicio a la elaboración de una propuesta de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional que permitiera su sostenibilidad y orientación a largo plazo. Tras un proceso arduo de consulta, talleres y capacitación en el derecho a la alimentación, y estudiado experiencias de otros países en legislación en esta materia, se logró en un proceso participativo reunir las 12 iniciativas y propuestas existentes (de parlamentarios, sociedad civil, academia y gobierno) y llegar a un documento concertado único para dar inicio al trabajo parlamentario.

La experiencia que se pretende documentar corresponde al trabajo legislativo desarrollado en el periodo 2016-2017 y que ha implicado el estudio del documento legal que se pretende aprobar en la Asamblea Legislativa y que ha incluido trabajo en la comisión legislativa de asuntos agropecuarios, seminarios, talleres de consulta y actividades de promoción del derecho a la alimentación.

La principal estrategia que se ha desarrollado es reforzar la conciencia de parte de los legisladores en relación a la necesidad de transformar el derecho a la alimentación en un derecho reglamentado, ir generando la viabilidad política para que el proyecto sea finalmente aprobado y para que el Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la República, lo promulgue.

Se ha buscado mantener la propuesta de ley en la agenda legislativa, ya que se ha tenido que enfrentar distintos ciclos políticos que han afectado la discusión de la ley, con momentos de mayor preponderancia, periodos de menos actividad y mayor desinterés en la ley. La discusión artículo por artículo ha sido difícil, pero el FPH ha logrado ir avanzando poco a poco en la discusión.

Para ello, se ha intentado aprovechar que el FPH corresponde a una red de parlamentarios de todos los partidos políticos, con una coordinación rotativa, y que por tanto concita apoyo transversal. También se ha aprovechado que la propuesta de ley se está discutiendo en la comisión de asuntos agropecuarios, de la cual varios integrantes del FPH forman parte y vinculando apoyo de otras comisiones a las que otros miembros pertenecen.

Asimismo, se ha logrado mantener un apoyo constante de parte de la FAO al proceso, generado vínculos con otros actores sociales y académicos, para impulsar y mantener la propuesta en la agenda política y legislativa.

¿Quién participó en la experiencia?

Parlamentarios y parlamentarias y sus asesores

Poder Ejecutivo

Organizaciones de la Sociedad Civil

FAO y otros organismos de Naciones Unidas, como UNICEF y el PMA

Cooperación internacional, como la cooperación noruega, mexicana (a través del programa Mesoamérica sin Hambre) y española (a través de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre)

¿Cómo participó la población más afectada por la inseguridad alimentaria y la malnutrición?

Se han hecho visitas de campo y las organizaciones de base han sido convocadas a jornadas de trabajo y de discusión de la propuesta de ley. También ha habido actividades que incluyen a comunicadores, centros escolares, y organizaciones del territorio rural.

Actividades principales

Capacitaciones a parlamentarios y sus asesores

Actividades regionales convocadas por el FPH Regional

Foros y debates nacionales

Trabajo en comisión legislativa

Calendario

Periodos legislativos 2016 y 2017

Resultados obtenidos/esperados a corto plazo, facilitando datos cuantitativos si es posible (estimación del número de personas que se han visto o se verán afectadas)

En el corto plazo, se ha logrado capacitar a alrededor de 20 personas, y se ha vinculado más de 200 personas a través de talleres, debates y foros.

Resultados obtenidos/esperados a medio-largo plazo, facilitando datos cuantitativos si es posible (estimación del número de personas que se han visto o se verán afectadas)

Se ha logrado generar una propuesta de ley que incorpore elementos de proyectos anteriores, es decir un documento de relativo consenso. Se espera impulsar la aprobación de la ley durante el presente o próximo periodo legislativo, lo que beneficiaría a las seis millones trescientas personas que habitan el país y a las 800 mil personas que sufren hambre en el país.

Resultados obtenidos (cambios más significativos)

A pesar de que la ley no ha sido aprobada, se estima que el proceso para impulsar la ley ha permitido un conocimiento y conciencia mayor de parte de los actores políticos sobre el derecho a la alimentación y las perspectivas para su realización progresiva y ha influido en otros procesos de políticas.

¿Cuáles son los agentes catalizadores clave que influyeron en los resultados?

El FPH ha aprovechado el impulso y compromiso de las organizaciones sociales, tal como fue el caso de foro de debate sobre la ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del 26 de julio de 2017, que lo impulsó la sociedad civil y que ayudó a continuar situando a la propuesta de ley en un alto nivel de las agendas legislativas.

¿Cuáles son los principales obstáculos/desafíos para la realización del Derecho a la alimentación?

Hay muchos elementos de consenso en relación a cómo puede lograrse la realización progresiva del derecho a la alimentación en el país, sin embargo algunos pocos temas han generado mayor disenso y obstáculo en la aprobación de la ley, y por tanto pueden poner en riesgo que haya un marco legal que facilite la garantía de este derecho. Entre estos temas controversiales se encuentra la gestión y uso de semillas; el etiquetado de alimentos y la financiación del sistema institucional para la realización del derecho a la alimentación.

Otro riesgo que se observa es el cambio en las prioridades políticas, en marzo de 2018 viene una elección legislativa y por tanto, se hace imprescindible contar con una estrategia para promover con los nuevos integrantes del Poder Legislativo el derecho a la alimentación en el país.

¿Qué mecanismos se han desarrollado para supervisar la realización del Derecho a la alimentación?

Éste ha sido precisamente un tema que se ha discutido profundamente. En la actualidad existen instituciones que deben observar y prevenir la violación del derecho a la alimentación y el resguardo de las obligaciones del Estado para con este derecho (respeto, protección, cumplimiento). La ley también considera una mayor claridad en este esquema institucional.

¿Qué buenas prácticas recomendaría para obtener resultados exitosos?

Trabajar codo a codo con actores que pueden ayudar en mantener en la agenda política y en la agenda pública la necesidad de contar con un marco legal para el derecho a la alimentación. En nuestro caso, la sociedad civil ha sido fundamental. Otra buena práctica es siempre alentar la creación de espacios de diálogo para canalizar disensos y visiones contrapuestas y poder llegar a consensos.

Enlace a información adicional

http://parlamentarioscontraelhambre.org/frentes/nacionales/el-salvador/…;

English translation below 

Título de la experiencia

Ley N°622 de Alimentación Escolar en el marco de la Soberanía alimentaria y la economía plural.

Cobertura geográfica

Nacional

País(es)/Región(es) incluidos en la experiencia

Estado Plurinacional de Bolivia

Su afiliación

Gobierno

¿Cómo se han utilizado las VGRtF en su contexto? ¿Qué directrices específicas de las VGRtF fueron más relevantes para su experiencia?

Directriz Voluntaria 2 (políticas de desarrollo económico) : La Ley 622 establece lineamientos para generar programas y políticas públicas que fomenten un desarrollo económico con enfoque de seguridad y soberanía alimentaria a través de la dinamización de las economías locales, facilitando procesos de contratación a actores de la agricultura familiar en las compras públicas de alimentos, generando ingresos y empleos más estables para productores, garantizando productos de calidad y culturalmente adecuados para la población, sobre todo sectores vulnerables.

Directriz Voluntaria 7 (Marco Jurídico): Apoyo al  desarrollo de  una serie de normativa vinculada a la consecución del DHAA, entre los mismos se encuentra la Ley 144 de revolución productiva, Ley 3525 de regulación y promoción de la producción agropecuaria y forestal no maderable ecológica, Ley 338 de Organizaciones Económicas Campesinas, indígena originarias (OECAs) y de Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOMs), la ley 453 de los derechos de usuarios y usuarias y de las consumidoras y consumidores, Ley 622 de alimentación Complementaria Escolar en el marco de la soberanía alimentaria y la economía plural, entre otras con la intención de lograr la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada.

En el caso concreto de la ley 622, la realización progresiva está ligada a la economía plural, soberanía alimentaria, alimentación culturalmente adecuada (sobre todo a sectores vulnerables como niños, niñas y adolescentes en etapa escolar), fomento a la agricultura familiar y cuidado del medio ambiente.

Breve descripción de la experiencia

El Frente Parlamentario por la Soberanía Alimentaria para Vivir Bien de Bolivia (FPH) se conformó el año 2012, mediante Resoluciones Camarales tanto de la Cámara de Senadores como de la de Diputados con lo cual la Asamblea Legislativa Plurinacional le dotó de institucionalidad como espacio plural y multipartidario de debate, intercambio y reflexión en torno a la elaboración, implementación y mejora de instrumentos normativos y políticas públicas en materia de soberanía alimentaria, que garanticen el cumplimiento progresivo del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada del país.

La actual Constitución Política del Estado (CPE) en su Artículo 16, reconoce la alimentación adecuada como un derecho fundamental y establece la obligación del Estado de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para la población boliviana. En esta búsqueda y desde su conformación, el Frente Parlamentario por la Soberanía Alimentaria para Vivir Bien de Bolivia ha incidido en la alimentación escolar al considerarla como una potente estrategia para atender uno de los sectores más vulnerables a la inseguridad alimentaria: la población en edad escolar.

Bajo este panorama, se estableció como una imperante necesidad sensibilizar a la sociedad civil respecto de la aplicación de marcos normativos y políticas públicas oportunas para que los niños y niñas de nuestro territorio vean garantizado su derecho a la alimentación. Paralelamente se fomentó la institucionalidad en el combate a la inseguridad alimentaria promoviendo el desarrollo normativo lo que se tradujo en el impulso de la Ley Nº 622 de Alimentación Escolar en el marco de la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural.

Cumpliendo con su mandato, el FPH se propuso participar, a la vez de involucrar a los distintos órganos de gobiernos responsables de la seguridad alimentaria y nutricional, para impulsar la aprobación de una ley que garantice que los niños y niñas que asisten a las unidades educativas del país cuenten con una Alimentación Complementaria Escolar nutritiva y de calidad, lo cual tiene una fuerte implicancia desde el ámbito agroalimentario y social, basándose en tres importantes lineamientos:

●Mejora de la nutrición

● Mejora del rendimiento escolar

●Fomento de la economía social comunitaria a través de la compra de alimentos de proveedores locales, dedicados a la agricultura familiar, para la alimentación escolar.

La aprobación de esta norma, Ley Nº 622 de Alimentación Escolar en el ámbito

de la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural, del 29 de diciembre del 2014, se convierte en una de los grandes hitos para el FPH de Bolivia y se constituye en una experiencia que puede ser replicada a nivel de la región de América Latina y el Caribe.

Su aporte radica tanto en el proceso como en el resultado alcanzado. Es así que se distingue la construcción colectiva y comprometida de muchos actores de la sociedad boliviana que no sólo apoyaron con el análisis y el fortalecimiento de áreas temáticas como la agricultura familiar, alimentación escolar, educación alimentaria, protección social y otras de relevancia; sino que también promovieron el fortalecimiento de la capacidad de movilización social en torno a estos temas.

Cabe destacar el rol de la UMSA, universidad miembro del Observatorio de Derecho a la Alimentación de ALC, ya que durante el año 2014, con apoyo de la FAO, realizó un estudio legal que analizo los cuellos de botella que no permitían la aprobación del Proyecto de Ley.

¿Quién participó en la experiencia?

Ministerio de Autonomías, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio Salud, Frente Parlamentario Contra el Hambre, ODA-ALC, ONGs, organizaciones sociales y civiles.

¿Cómo participó la población más afectada por la inseguridad alimentaria y la malnutrición?

En el caso de la ley 622 se realizaron espacios de socialización con actores de la sociedad civil y ministerios implicados coordinados por el Frente Parlamentario Contra el Hambre y el ODA-ALC.

Actividades principales

Estudios legislativos.

Intercambios de experiencias nacionales y regionales.

Talleres de capacitación.

Talleres de socialización y mejora de la propuesta.

Calendario

2014  

Resultados obtenidos/esperados a corto plazo, facilitando datos cuantitativos si es posible (estimación del número de personas que se han visto o se verán afectadas)

Apropiación de los marcos legales en los gobiernos subnacionales (departamental y municipal) para la territorialización de los mismos el políticas, programas, planes, proyectos, para el beneficio de sus poblaciones.

Resultados obtenidos/esperados a medio-largo plazo, facilitando datos cuantitativos si es posible (estimación del número de personas que se han visto o se verán afectadas)

De manera directa aproximadamente 3 millones de niños y niñas en etapa escolar, 2.6 millones de agricultores familiares.

De manera indirecta la población general boliviana.

Resultados obtenidos (cambios más significativos)

La ley 622 facilita los procesos de contratación a pequeños productores generando riqueza local, así mismo mejora el estado nutricional y académico de los niños y niñas de las escuelas del país.

Respecto al NIT, la personería jurídica que complicaban la contratación de los mismos,

Mayor gobernanza, involucrado a los consejos educativos (padres de familia) y estudiantiles (estudiantes), implementación de los COMAN y CODAN.

¿Cuáles son los agentes catalizadores clave que influyeron en los resultados?

Ministerios, Frente Parlamentarios Contra el Hambre, ODA-ALC, ONGs.

¿Cuáles son los principales obstáculos/desafíos para la realización del Derecho a la alimentación?

Fiscalización y la territorialización de la normativa.

Coordinación entre los diferentes niveles de autonomía.

¿Qué mecanismos se han desarrollado para supervisar la realización del Derecho a la alimentación?

En el caso de Bolivia la creación de instancias específicas como el Comité Técnico del Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (que coordina con 10 ministerios para la gestión de políticas, programas, proyectos), los consejos departamentales de alimentación y nutrición (CODAN), consejos municipales de alimentación y nutrición (COMAN), consejos escolares.  

¿Qué buenas prácticas recomendaría para obtener resultados exitosos?

La generación de información es muy importante, no solo en temas investigativos, sino de indicadores para poder medir avances en la implementación de Programas, Políticas y Proyectos.

Fortalecimiento FPH.

Fiscalización de la normativa por parte del FPH.

Fomentar la consolidación de organizaciones de productores para acceso al mercado de compras públicas.

Alianzas con instancias académicas para desarrollar investigaciones.

Enlace a información adicional

http://parlamentarioscontraelhambre.org/frentes/nacionales/bolivia

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Title of the experience  

Law No. 622 on School feeding within the framework of food sovereignty and plural economy.

Geographical coverage

(E.g. national, or regional if several countries of the same region, or global if several countries in more than one region)

National

Country(ies)/Region(s) covered by the experience

Plurinational State of Bolivia

Your affiliation

Government

How have the VGRtF been used in your context? Which specific guidelines of the VGRtF was most relevant to your experience?

Voluntary Guideline 2 (economic development policies): Law 622 sets out the guidelines to develop programmes and public policies promoting economic development with a food security and sovereignty approach through the dynamization of local economies, the facilitation of public procurement of food for family farmers, the generation of more stable income and employment for producers, and the commitment to provide culturally appropriate quality products for the population, especially for the vulnerable sectors.

Voluntary Guideline 7 (Legal framework): Support for the development of regulations related to the achievement of the right to adequate food. Among these, Law No. 144 (Productive revolution), Law No. 3525 (Regulation and promotion of ecological agricultural and non-timber forest production), Law No. 338 (Farmers, Indigenous and Native Economic Organizations, (known in Spanish as OECA) and Community Economic Organizations (known in Spanish as OECOM)), Law No. 453 (Rights of users and consumers) and Law No. 622 (School feeding within the framework of food sovereignty and plural economy). All aimed at achieving -among others- the progressive realization of the right to adequate food.

In the specific case of Law No. 622, the progressive realization is linked to plural economy, food sovereignty, culturally adequate food (especially for vulnerable sectors like children and teenagers of school age), promotion of family farming and care of the environment.

Brief description of the experience

The Bolivian Parliamentary Front for food sovereignty aimed at living well (PFH) was established in 2012 through formal resolutions of the Senate and the House of Representatives. The Plurinational Legislative Assembly institutionally entitled the PFH as a plural and multi-party debate, exchange and reflection forum on the development, implementation and improvement of regulatory instruments and public policies on food sovereignty guaranteeing the progressive realization of the human right to adequate food in the country.

Article 16 of the current Political Constitution of the State acknowledges adequate food as a fundamental right and stipulates that the State should guarantee food security through healthy, adequate and sufficient food for the Bolivian population. Since its establishment, the Bolivian Parliamentary Front for food sovereignty aimed at living well has focused on school feeding, as it is considered a powerful strategic element to address one of the most vulnerable sectors to food insecurity: the school-age population.

Considering this situation, raising awareness among civil society on the application of regulatory frameworks and timely public policies to ensure the realization of the right to food for the Bolivian children was considered an imperative need. At the same time, the fight against food insecurity was promoted among institutions through regulatory development, which led to the approval of Law No. 622 on School feeding within the framework of food sovereignty and plural economy.

Fulfilling its mandate, the PFH engaged several government bodies in charge of food and nutrition security and promoted the approval of a law to ensure that school complementary feeding is nutritious and of good quality. This has a substantial impact in the agri-food and social fields, based on three important guidelines:

● Improvement of nutrition

● Improvement of school performance

● Promotion of the community social economy through the procurement of food from local family farmers for school feeding.

Law No. 622 on School feeding within the framework of food sovereignty and plural economy was approved on  December 29th, 2014. It has become one of the great milestones for the Bolivian PFH and a replicable experience in Latin America and the Caribbean.

Both the process and the outcomes are the key contributions. Hence, the acknowledgement to the collective and committed work of many stakeholders in the Bolivian society who not only supported the analysis and reinforcement of thematic areas such as family farming, school feeding, food education, social protection and other relevant fields, but also promoted capacity-building on the related social mobilization.

The role of the Universidad Mayor de San Andrés, a member of the Right to Food Observatory of Latin America and the Caribbean (known in Spanish as ODA-ALC), is to be highlighted: troughout 2014, it conducted a legal study with FAO support analysing the bottlenecks hindering the proposed law.

Who was involved in the experience?

Ministry of Autonomies, Ministry of Finance, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Health, Parliamentary Front against Hunger, ODA-ALC, NGOs, social and civil organizations.

How were those most affected by food insecurity and malnutrition involved?

In the case of Law 622, civil society stakeholders and relevant ministries were linked, coordinated by the Parliamentary Front against Hunger and ODA-ALC.

Main activities

Legislative studies.

Sharing of national and regional experiences.

Training workshops.

Socialization workshops and improvement of the proposal.

Timeframe

2014 

Results obtained/expected in the short term, with quantitative aspects where feasible (estimate of the number of people that have been or will be affected)

Ownership of legal frameworks in departmental and municipal governments for the territorialisation of policies, programmes, plans and projects for the benefit of their populations.

Results obtained/expected in the medium to long term, with quantitative aspects where feasible (estimate the number of people that have been or will be affected)

Directly: Approximately 3 million children of school age and 2.6 million of family farmers.

Indirectly: Bolivian population.

Results obtained – most significant changes to capture

Law No. 622 facilitates the procurement processes for small producers generating local wealth, as well as improving the nutritional and academic status of children in the schools across the country.

Easing the tax identification number procedures, avoiding complications for contracts

Enhanced governance, engagement of the educational (parents) and student (students), councils, implementation of the municipal food and nutrition council (known in Spanish as COMAN) and the departmental food and nutrition councils (known in Spanish as CODAN).

What are the key catalysts that influenced the results?

Ministries, Parliamentary Front against Hunger, ODA-ALC, NGOs.

What are the major constraints/challenges for achieving the Right to Food?

Audit and territorialisation of regulations.

Coordination between the different autonomy levels.

What mechanisms have been developed to monitor the Right to Food?

In the case of Bolivia, the establishment of specific bodies like the Technical Committee of the National Food and Nutrition Council (coordinating the management of policies, programmes and projects with 10 ministries), CODAN, COMAN, school councils.

What good practices would you recommend for successful results?

Generating information is very important: not only on research topics, but also derived from indicators measuring the implementation progress of programmes, policies and projects.

Strengthening the PFH.

Auditing the regulations.

Encouraging the consolidation of producer organizations for access to the public procurement market.

Partnerships with academic institutions to conduct research.

Links to additional information http://parlamentarioscontraelhambre.org/frentes/nacionales/bolivia/

Dear Madam/Sir,

Please find the completed application of FIAN Nepal's Good Practices of the Voluntary Guidelines for the right to adequate food in the context of National Food Security.

Please feel free to contact us in case you need any support, further information or clarity regarding this.

Looking forward to hearing positive response

Best regards

====================

Tilak Adhikari

Case Unit Coordinator

FIAN Nepal

 

Estimados y estimadas colegas:

Reciban un cordial saludo. Adjunto encontrarán la descripción de la experiencia que hemos vivido en Costa Rica, con el proceso de elaboración y presentación del Proyecto de Ley Marco del Derecho Humano a la Alimentación y de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (Expediente legislativo N.° 20.076).

Agradezco la atención que puedan darle a esta experiencia.  

Se despide atentamente,

Dr. Hugo A. Muñoz U.

Director, Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ)

Miembro, Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN) 

Universidad de Costa Rica